Un juicio por diferencias salariales que realizó un ex asesor letrado de la Municipalidad de Rivadavia, desató un escándalo entre los integrantes del Concejo Deliberante.
Por un lado, un grupo de ediles aprobó una resolución en la que autoriza al municipio a pagarle los haberes y dispone que el órgano deliberativo se haga parte para que, de esa forma, se llegue a un acuerdo. Pero otros dos concejales se oponen, argumentando que hay una sentencia de primera instancia a favor de la comuna, que el pago es ilegal y que se dañan los intereses públicos. La disputa ocasionó que el cuerpo no pudiera avanzar durante dos sesiones, debido a que se debate entre confirmar o anular la resolución. En el medio hubo acusaciones cruzadas, incluso dentro del oficialismo (ver aparte).
El revuelo se da justo en medio de la campaña proselitista con miras a las elecciones del próximo 23. La candidata a intendente del Frente para la Victoria, Ana María López, encabeza las encuestas, con una apreciable ventaja sobre su rival del Frente Unión Producción y Trabajo, Fabián Martín.
El protagonista del reclamo salarial es el abogado Dante Robles, quien fue asesor letrado del Concejo. Pide que le reconozcan pagos por los ítems ‘dedicación funcional‘ y ‘gastos de representación‘ (a este diario le dijo que no sabe cuál es el monto). El planteo lo realizó en 2009 ante el órgano deliberativo y luego presentó la demanda en la Justicia.
El pasado 14 de septiembre, los concejales Manuel Olivera, Gerardo Quinteros, Estela Zuliani, Alfredo Agliozzo y Nancy Ruiz (Frente para la Victoria), Fabián Martín (Frente Producción y Trabajo) y Juan Carlos Carbajal (Partido Popular Participativo) aprobaron la resolución de pagarle. El presidente del cuerpo, Ramón Molina, se abstuvo de votar, mientras que los ediles Raúl Alonso (hombre del oficialismo) y Adriana Catraro (Popular Participativo y espada de Ana María) estuvieron ausentes en la sesión. Esos dos concejales contaron que luego descubrieron que el juicio había salido a favor del municipio, aunque el fallo está apelado.
Catraro resaltó que los gastos de representación ‘están prohibidos por la Carta Orgánica Municipal‘ y Alonso detalló que el abogado reclama haberes por dedicación funcional como asesor letrado desde el 2009, pero que desde esa fecha está adscripto al bloque de Producción y Trabajo. Ante ese escenario, Carbajal indicó que ‘no conocía el tema‘, que como dirigente sindical ‘apoyé un reclamo salarial‘ y que ‘abusaron de mi buena fe‘. Por eso, se unió a los dos concejales que no dieron quórum en la sesión en la que se ultimaban los detalles de la resolución. ‘Fue para que no se aprobara la resolución‘, reconoció Alonso.
Como contrapartida, Martín expresó que ‘los reclamos salariales están contemplados en la ley que regía antes de la Carta Orgánica‘, por lo que ‘se trata de derechos adquiridos‘. El edil rememoró un juicio por honorarios que efectuó Robles, que ganó y que tuvo como resultado el embargo de la coparticipación. ‘Queremos evitar que se llegue a esa instancia‘, afirmó.
Robles argumentó que el intendente Álvarez lo desplazó del cargo de asesor letrado y le ofreció que se adscribiera a cualquier bloque, garantizándole los haberes de dedicación funcional. En la última sesión, la del 28 de septiembre, se levantó la reunión por falta de quórum ante la partida de los concejales que aprobaron la resolución. Mañana, en una nueva sesión, se definirá si se confirma o se anula la medida.