El municipio de Rivadavia decidió volver sobre sus pasos y dejó sin efecto el recorte del 27,1 por ciento que le venía aplicando mensualmente, desde diciembre, al sueldo de la jueza de Faltas, Gladys Abelín de Tejada, por lo que también dispuso el reintegro del porcentaje que le había descontado durante seis meses.
Si bien la medida apunta a un caso particular, será parte de una disputa mayor y global. Sucede que los trabajadores de la comuna vienen reclamando la instrumentación de ese aumento en sus salarios desde la gestión de Ana María López, quien lo puso en marcha sólo para la planta política.
Para quienes representan a tres grupos distintos de empleados, el decreto que firmó el intendente Fabián Martín reconociéndole la suba a la magistrada sienta un precedente favorable para ellos en el juicio contra el Ejecutivo. Para el jefe departamental no es así, pero aclaró que son interpretaciones que deberá resolver la Justicia.
Primera propuesta
En diciembre, la comuna le ofreció a los trabajadores un extra permanente de 1.000 pesos por mes remunerativo y no bonificable. La oferta fue rechazada.
Luego de que la exintendenta decidiera aplicar una “compensación” salarial del 27,1 por ciento sólo para la planta política, Martín le dio de baja en diciembre. En esa resolución también entró la jueza de Faltas, quien hizo el reclamo ante el propio municipio para que le devolvieran lo descontado y siguiera percibiendo el porcentaje.
Abelín de Tejada sostuvo que su cargo es ajeno al staff político. Frente a esa postura, el jefe comunal señaló ayer que el planteo es correcto y decidieron hacerle lugar con un decreto firmado a fines de mayo. La restitución de lo descontado se dará en tres cuotas.
Fuentes calificadas señalaron que en el recibo de junio percibió 73 mil pesos de básico, más una asignación de 25 mil pesos, que indicaron que se trataría de la primera cuota. Con los descuentos correspondientes, de bolsillo le quedó 80.500 pesos.
Segunda oferta
Martín y Derel, del gremio Suoem, dijeron que la nueva oferta consistió en una suba de 9 puntos para este año, 9 en 2018 y 9 más en 2019. También fue rechazada.
Frente a esa decisión, el abogado Carlos Lorenzo, de UPCN, que representa a un grupo de trabajadores, explicó que “en principio” si el Ejecutivo suprimió y restituyó el porcentaje a la jueza de faltas, quiere decir que es empleada de planta del municipio, por lo tanto está en igualdad de condiciones con el resto de los municipales que pide la implementación del 27,1 por ciento.
En la misma línea se expresó Humberto Conti, que asesora a otro grupo, quien agregó que es un precedente que sirve en la etapa de juicio, ya que hay un reconocimiento de un derecho. Y Alberto Derel, del sindicato Suoem, manifestó que “si se le reconoce a la jueza, los empleados no estábamos equivocados en reclamar lo que nos corresponde”.
En cambio, el intendente señaló que “no es un precedente a favor a nadie”. Pero además destacó que en las administraciones de José Soria y Elías Álvarez, la magistrada, a pesar de ser planta permanente, recibió los aumentos del staff político, que en esos años fueron más bajos que los de los efectivos.
Entonces, señaló que el 27,1 por ciento que termina recibiendo “es un reconocimiento de que percibió menos puntos de incremento que sus compañeros”.
Las tres demandas están radicadas en el Juzgado Contencioso Administrativo. Si bien la comuna discute el porcentaje, Martín le ha planteado propuestas a los empleados (Ver dato).
El tema no quedó fuera de la puja política, ya que los concejales Leonardo Lorenzo y Facundo Herrera (hijo de Ana María) indicaron que gente de su espacio y que fueron concejales aprobaron la decisión de la suba solo a la planta política en la gestión de la exintendenta. El jefe comunal retrucó que “tengo entendido que en ese momento dejaron sentado que se aplicara a todo el personal”.