El escándalo que se desató en el Concejo Deliberante de Rivadavia por la aprobación de una resolución que le ordenaba al Municipio a abonar las diferencias salariales que reclama un asesor letrado, culminó con el archivo de la medida.
La polémica se había generado porque los ediles Manuel Olivera, Estela Zuliani, Gerardo Quinteros (del Frente para la Victoria), Alfredo Agliozzo, Nancy Ruiz (ligados al oficialismo), Fabián Martín (del basualdismo) y Juan Carlos Carbajal (del Participativo Popular, de Ana María López) habían dado el visto bueno para que se le pague al profesional, a pesar de que hay una sentencia judicial a favor del Ejecutivo, ya que rechazaba la demanda.
Ayer, durante la sesión del cuerpo, seis de esos siete legisladores (Quinteros se encontraba de viaje por autorización de la Presidencia) se sumaron a los dos opositores a la norma, Adriana Catraro (espada de Ana María) y el oficialista Raúl Alonso, quienes, junto al presidente del Concejo, Ramón Molina, que en un primer momento se había abstenido, votaron unánimemente en dar marcha atrás con la resolución. Los ediles coincidieron en que al momento de aprobar la medida, no conocían la existencia del fallo judicial de primera instancia, que actualmente se encuentra apelado por el demandante, el asesor letrado Dante Robles, quien no dio detalles del monto que reclama. Con ese elemento de peso, consideraron que es mejor tratar el tema cuando la Justicia defina la apelación.
Los criterios encontrados paralizaron al Concejo por dos semanas, ya que hubo falta de quórum para sesionar. Además, originaron cruces dentro del oficialismo. Olivera acusó a Alonso de dejar sin quórum cuando ‘se le da la gana‘ y agregó que ‘la resolución fue aprobada porque se creía que era lo mejor‘. Alonso respondió que lo único que no quería era que el Municipio pagara algo ‘incorrectamente‘.
Pese a esas posiciones, ayer, ambos se mostraron conciliadores (ver aparte). Durante la sesión, los ediles que rechazaban la resolución señalaron que lo que solicitaba Robles era ‘contrario a la Carta Orgánica‘. Catraro explicó que el abogado pide por gastos de representación que están ‘prohibidos‘, mientras que Alonso había manifestado que reclama honorarios por dedicación funcional desde el 2009, pero que desde esa fecha no cumple la tarea de asesor letrado del Concejo, sino que está adscripto al bloque de Martín.
Además, destacaron que la medida le ordenaba al cuerpo a intervenir en el juicio con Robles para que se logre un acuerdo, aspecto que descartó el fallo judicial porque resaltó que el Concejo no tiene legitimación para participar en un proceso. De acuerdo a la sentencia, quien sí tiene esa legitimación es el intendente o sus apoderados.