La Sala I de la Corte de Justicia ordenó anular una sentencia judicial que le ordenaba al municipio de Capital pagar una deuda salarial que se empezó a acumular en antiguas gestiones, al considerar que es arbitraria por no tener en cuenta leyes clave que fueron invocadas por la comuna en su recurso. La resolución es en el marco de un juicio que inició el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) por incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), que en uno de sus artículos dice que los salarios se tienen que ajustar cada vez que aumenta el mínimo, vital y móvil. La demanda se calcula que involucra unos 40 millones de pesos y ahora volverá a la Cámara Civil para que se dicte un nuevo fallo.
El juicio es consecuencia de una vieja historia de tires y aflojes del gremio con las sucesivas gestiones que siguieron a la de Javier Caselles, ya fallecido. Antes de irse, en 1995, el bloquista firmó con el SUOEM el Convenio Colectivo que dice que los sueldos quedan atados porcentualmente al mínimo, vital y móvil o al sueldo del jefe comunal, lo que más le convenga a los empleados. En la práctica, significa una actualización automática cada vez que se mueve el mínimo y ninguno de los sucesores lo pudo cumplir por falta de recursos.
El SUOEM presentó primero una demanda en 1998, que terminó transando extrajudicialmente con el exintendente Alfredo Avelín (ver recuadro). Y en 2005, inició un nuevo proceso reclamando el pago de la deuda que se generó a partir de 2003, que es la que aún está en discusión. La Justicia le dio la razón al gremio en primera y segunda instancia. Pero la gestión del actual intendente, Marcelo Lima, que heredó el litigio, presentó un recurso en la Corte y el municipio consiguió una resolución favorable.
En la sentencia, que salió a fines de noviembre pero recién se conoció ayer, el máximo tribunal anuló el fallo de la Sala III de la Cámara Civil y ordenó que la causa baje para que se dicte una sentencia nueva. El argumento: que los camaristas resolvieron sin analizar siquiera la legislación que planteó el municipio en su defensa y que es vital para resolver el caso. Se trata de la ley de emergencia y de otro norma que fue sancionada antes de la firma del Convenio Colectivo, que prohíbe terminantemente los ajustes automáticos de sueldos en el sector público.
Así, las cosas, las dos partes esperan ahora con expectativa la nueva resolución. Y no es para menos, sobre todo por el monto que forma parte de la disputa. Aunque no hay cifras oficiales, en 2007 se hizo una pericia y se calculó que iba por unos 25 millones de pesos. Ayer, fuentes calificadas dijeron que actualmente debe rondar 40 millones.
Por el reclamo, el SUOEM desató duros conflictos con las gestiones municipales. Primero fue contra el exintendente bloquista Enrique Conti, cuyo mandato se extendió hasta 2007. Y después contra Lima, que frente a los reiterados paros del gremio, en el año 2010 tuvo que declarar la emergencia laboral en la comuna para garantizarle la prestación de los servicios a los vecinos.
Al menos por ahora, al margen del juicio, la relación está en paz. Ayer, el titular del SUOEM, Antonino D’Amico, evitó polemizar y se limitó a hablar del tema legal. El dirigente aseguró que “ahora vamos a esperar qué dice la Cámara en el nuevo fallo y si es en contra de nuestros intereses, iremos a la Corte Suprema”.