El gobierno nacional dispuso ayer establecer que "todo buque o artefacto naval’ que quiera transitar "entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas y Sandwich del Sur, "o atravesar aguas argentinas’ en esa dirección, "deberán solicitar una autorización previa’ del gobierno.
Así lo determinó la presidenta Cristina Fernández, mediante el decreto 256, según lo anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien fundamentó que la decisión es "en defensa de los intereses de los argentinos’.
De esta manera el gobierno rechazó una vez más los planes del gobierno de Gran Bretaña de iniciar actividades de exploración petrolífera en las aguas del archipiélago austral.
Luego durante un acto en el partido bonaerense de Merlo, la mandataria reclamó que se hagan cumplir al Reino Unido "las resoluciones de Naciones Unidas’ respecto de sentarse a dialogar con la Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas.
Fernández de Kirchner recordó que "hay numerosas resoluciones de Naciones Unidas en las cuales se pide y se obliga a ambos pases a reanudar las conversaciones para arribar a un acuerdo en materia de soberana y resoluciones que dicen que ninguna de las partes pueden tomar acciones unilaterales’.
"Estas resoluciones han sido desoídas sistemáticamente por el Reino Unido que se niega a sentarse en una mesa a discutir la cuestión como ordena Naciones Unidas’, agregó.
Al respecto, el gobierno británico a través de su embajada en el país, afirmó que la decisión del gobierno nacional de exigir a los barcos que unan el continente con las islas Malvinas que pidan autorización, "es un tema para la Argentina de cómo aplica sus leyes dentro de sus propios territorios’.
"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberana sobre las islas Falklands (Malvinas) y territorios martimos circundantes y tiene totalmente claro que la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento totalmente legítimo’, afirmaron a DyN voceros de la embajada británica en Buenos Aires.
El artículo 1 de la norma establece que "todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, y/o cargar mercaderías, deberá solicitar una autorización previa a la autoridad nacional competente’.
Para ello, se dispone también la creación de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones en el ámbito de la Jefatura de Gabinete que estará integrado por los ministerios de Planificación, de Justicia, de Economía, de Industria y Turismo, y de Relaciones Exteriores.