El fallo judicial que avaló que una exempleada de Barrick reciba parte de las ganancias de la empresa y que exhortó al Poder Legislativo local a que dicte una ley que contemple no sólo a ese caso sino a todos los trabajadores, cosechó opiniones divididas entre los abogados del fuero local. DIARIO DE CUYO consultó a seis profesionales sobre los aspectos jurídicos de la resolución.
Para Oscar Cuadros y Fernando Castro, la facultad de legislar sobre materia laboral le corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación. En cambio, Humberto Conti, presidente del Foro de Abogados, señaló que esa potestad puede estar en manos del Legislativo local. Roberto Schervosky y Gerardo Fernández Collado se mostraron a favor de la resolución, mientras que Favio Conturso remarcó el sistema tripartito de poderes “que los jueces deben respetar” (ver Opiniones).
El fallo se conoció esta semana y fue motivo de comentarios en los despachos oficiales y las mesas de café. La disposición de la magistrada es inédita en el país y como se esperaba, desató reacciones.
En el sector empresario no cayó para nada bien. Jaime Bergé, presidente de la Cámara Minera de San Juan, indicó que la medida puede ser un riesgo y un problema para aquellos que decidan invertir y “puede pasar que no haya trabajo para nadie”. En cambio, desde el ámbito gremial lo vieron como algo positivo. Julio César Figueroa, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aseguró que “nos gustaría que se vuelva realidad”, aunque estuvo de acuerdo en que hubiera distintos porcentajes de reparto de acuerdo al nivel de las compañías.
El fallo fue de la titular del Quinto Juzgado del Trabajo, Gladys Rubia, luego de la demanda que presentaron los abogados Reinaldo Echavarría y Eduardo Acosta, en representación de Elisabeth Morales, exempleada de Barrick. La magistrada tuvo en cuenta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador… participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. En la práctica, ese derecho no se viene aplicando y Rubia consideró que debe volverse “operativo” ya que una “respuesta negativa” llevaría a una “denegación de Justicia”.
Así, la jueza le pidió a la Cámara de Diputados que sancione una ley que deberá regular el porcentaje de reparto que deben tener los obreros de las ganancias empresariales. De esa manera, no sólo se verá beneficiada Morales sino los trabajadores de todas las firmas. En su fallo, Rubia reconoció que es una temática compleja y señaló que los diputados deben tener en cuenta todos los derechos involucrados, la rentabilidad de las empresas, sus características (las mini, pequeñas, medianas o grandes empresas) y las asimetrías dentro de cada actividad. Sin embargo, fuentes calificadas del Legislativo local aseguraron que la competencia para abordar ese tema es del Congreso de la Nación. Aún así, el fallo no está firme ya que fue apelado por Barrick (ver recuadro). Esto significa que la resolución se hará efectiva cuando sea confirmada por todas las instancias judiciales a las que acudan las partes.