En una medida inédita, la Dirección General de Rentas (DGR) participó con la Policía en los controles vehiculares para buscar deudas de patentes. En los últimos 3 meses, la repartición encontró 776 movilidades que estaban en mora en el Impuesto Automotor, alcanzando una suma de casi 2 millones de pesos. A través de esa identificación y la invitación a los propietarios para que se pongan al día, el fisco logró recuperar 155.579 pesos. Pero además, otro grupo de deudores accedió a planes de pago, por lo que se agregan otros 173.324 pesos a percibir.
Los datos fueron suministrados por el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, quien puso en práctica el novedoso mecanismo para presionar a los morosos para que cumplan con sus obligaciones y elevar las cifras de recaudación. El sistema ha rendido sus frutos porque no sólo ha habido personas que han cancelado y que han accedido a planes de pago sino que también le ha servido a Rentas para realizar nuevas intimaciones y enviar los expedientes de deudores que no han respondido los avisos a Fiscalía de Estado para que los ejecuten judicialmente. El Impuesto Automotor es el segundo de mayor importancia en la recaudación local, detrás de Ingresos Brutos. La gestión giojista ha puesto énfasis en la obtención de los recursos propios y genuinos. En los últimos años, el parque de movilidades de la provincia ha crecido significativamente, aunque el nivel de recaudación del tributo ha ido decayendo. Por esa razón, Alcoba había manifestado que iba a tomar acciones para revertir ese cuadro. Y una de esas medidas quedó plasmada con los inspectores en las calles.
Los sabuesos del fisco empezaron con los operativos el 5 de octubre, en conjunto con la Policía que hacía el control de rutina. Desde esa fecha, se revisaron 1.175 vehículos, de los cuales, 776 presentaban deudas, es decir, el 66 por ciento. Esa pequeña muestra es un espejo de lo que sucede a nivel general. Según las estadísticas de Hacienda, en San Juan hay 192.663 vehículos que deben tributar y sólo 76.998 cumplen con sus obligaciones. Es decir, que unos 115.665 están en falta con el fisco, lo que representa un 60 por ciento de morosidad.
En total, los titulares de las movilidades deben 1.987.247 pesos. De ese monto, la deuda administrativa (es decir, que está bajo la órbita de la DGR) es de 1.495.915 pesos, mientras que la que se encuentra en sede judicial es de 491.331 pesos. De la parte administrativa, se cancelaron 129.471 pesos y hubo planes de pago por 173.324 pesos. Con respecto al resto, Rentas se encuentra procesando los datos finales, pero por los números preliminares se sabe que la mayoría se envió al departamento de Recaudación para la intimación y multa, mientras que los expedientes de otro porcentaje importante de morosos, que no respondieron los avisos de la repartición, fueron derivados a Fiscalía de Estado para su ejecución judicial.