Partidos de izquierda, agrupaciones sociales y la CTA marcharon ayer a Plaza de Mayo por el esclarecimiento de la muerte del joven Mariano Ferreyra, mientras la presidenta Cristina Fernández reclamó que se sancionen a los responsables, y desplegó sus sospechas sobre el hecho al afirmar que hay "algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto". La multitudinaria manifestación hizo casi intransitables las calles del microcentro porteño.
En tanto la militante del Partido Obrero Elsa Rodríguez, de 56 años, permanecía ayer internada "con riesgo de vida" y "pronóstico reservado", al tiempo que Nelson Aguirre, el otro herido de bala, fue dado de alta médica e incluso participó en sillas de rueda del acto en Plaza de Mayo.
Acerca de los responsables de la muerte del militante del PO, delegados de los trabajadores tercerizados, como Diego Carpia, afirmaron a DyN que "tenemos el nombre" del asesino y "es un tipo que es un allegado de Pablo Díaz, la mano derecha de (José) Pedraza en el Roca y encargado de los talleres de Remedios de Escalada". No obstante, fuentes judiciales informaron que no había aún personas identificadas, e incluso el titular de la Unión ferroviaria, Pedraza, declaró ante la Justicia que no reconoció "a nadie" en las filmaciones: "No reconocí a nadie, aunque alguno me resultó de facciones reconocibles… las imágenes estaban muy borrosas", dijo.
El miércoles, un enfrentamiento en la estación Avellaneda entre trabajadores ferroviarios del gremio y tercerizados, éstos últimos acompañados por militantes del Partido Obrero, culminó con la muerte de Ferreyra y tres heridos.
La jornada estuvo signada por cortes de tránsito y medidas de fuerza en la Autopista Panamericana, en los trenes, en el Aeroparque Metropolitano y en el subte.
Las protestas estuvieron encabezadas por delegados de base y trabajadores de las empresas afectadas, como así también por partidos y grupos de izquierda y piqueteros, que rechazaron el asesinato del joven de 23 años. Alrededor de las 19 un amplio espectro de partidos de izquierda, así como los trabajadores tercerizados ferroviarios y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se concentraron en Plaza. Los manifestantes, que pedían ser recibidos por la Presidenta, finalmente se reunieron con el Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, en tanto el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hizo lo propio con los trabajadores tercerizados.
Casi simultáneamente a la movilización, en dos actos de gobierno, Fernández de Kirchner volvió a desplegar sospechas sobre una mano negra detrás del episodio en Avellaneda. "Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina y como no lo pudieron lograr desde las fuerzas de seguridad comandada por los sectores políticos de la democracia, aparecen bandas", explicó.
La jefa del Estado defendió la política del Ejecutivo de no reprimir "las manifestaciones políticas o sociales", y aseguró que prefiere "pagar mil costos políticos por no reprimir, antes que lamentar la muerte de un argentino".
Tal como lo había hecho en la víspera, la Presidenta se mostró confiada en la identificación de los responsables por los incidentes y la muerte del joven militante porque "hay muchas imágenes y pueden identificarse a todas las personas que intervinieron en esa movilización". "Demoslé el crédito que hay móviles políticos mas allá que todos sepamos las cosas que han ocurrido en el país y los personajes que actuaron". Sin mencionar a Eduardo Duhalde, la Presidenta se manejó con esas suspicacias, aunque el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al referirse al ex mandatario y una posible vinculación con el enfrentamiento, recalcó por la mañana: "No dije en ningún momento esas cosas ni pienso eso. No tengo nada por qué decir semejante cosa", afirmó.