La Cámara de Diputados de la provincia, por unanimidad de sus miembros, resolvió ayer rechazar la cuenta general del ejercicio 2008 del Tribunal de Cuentas e intimar a sus miembros para que en el término de 10 días presenten los estados contables. Si no se ponen de acuerdo y cumplen con la advertencia les podrán aplicar una multa que va desde un salario hasta el equivalente a 10 sueldos básicos de los miembros del organismo.
Lo curioso es que precisamente el Tribunal de Cuentas es el encargado de revisar las cuentas de todos los organismos públicos de la provincia, incluidos los municipios, pero sus miembros no habrían sido capaces de aprobar la propia cuenta. No es el único revés para el organismo en los últimos tiempos (ver aparte). Ayer sus miembros no quisieron hablar, a la espera de conocer la resolución de Diputados.
Todo se inició en abril del año pasado, cuando la cuenta 2008 llegó al plenario del Tribunal para decidir la aceptación, 4 de los miembros coincidieron en que la presentación del balance tenía errores formales. Pero, lejos de buscar una salida, se trabaron en una discusión que todavía no tiene solución. El presidente Isaac Abecasis se abstuvo de opinar porque fue el que ingresó la cuenta. Y los vocales Pedro Belenguer (miembro permanente) y Fernando Manrique (es temporal y fue designado por el basualdismo) sostuvieron que los errores fueron salvados y que se tenía que admitir. Por el contrario, la vocal Laura Yanzón (temporal por el bloquismo) y la vicepresidenta, Graciela Chávez (miembro permanente), dijeron que las falencias no se subsanaron.
Para salir del conflicto, los hombres dijeron que la ley fija que se debía nombrar un co-miembro -un profesional externo- para que opine. Y las mujeres afirmaron que como no fue confeccionada la lista de co-miembros, que fueran los diputados los que definieran.
El tiempo pasó, el problema siguió y como no hubo solución la Cámara, invocando su potestad sobre el organismo, intervino y nombró también un auditor para que revise las cuentas cuestionadas.