A casi un año de tener el control del cementerio San Miguel, el municipio de Rawson resolvió darle un corte al negocio de la comercialización de nichos por parte de personas o entidades ajenas a la comuna. El Concejo Deliberante le dio de baja al convenio que tenía un grupo de 8 concesionarios (entre particulares y empresas) que poseían una cantidad abrumadora de sepulcros (desde 15 hasta 50, según los casos), “en los que se percibía que eran para la venta y no para dárselos a familiares”, destacó el concejal Fabián Pereyra, presidente del bloque Frente para la Victoria. Los ediles sancionaron a cambio una ordenanza que permite un máximo de 5 nichos por cada titular y de esta forma, la comuna recupera parcelas para atender la demanda de la población y se asegura el dominio de la venta, ya que el objetivo que se planteó la gestión del intendente Juan Carlos Gioja era contar con una fuente de recursos propios.
Antes que asumiera el actual jefe comunal, la comercialización de nichos estaba concesionada a la empresa Nacusi, pero el municipio también podía entregar lotes para que un particular los construyera, explicó Pereyra. Con el arribo de la gestión giojista, toda la administración del cementerio pasó a la órbita municipal y tras un relevamiento, detectaron que algunas personas tenían 15, 25, 35 y hasta 50 nichos. El edil resaltó que si bien estaba permitido, resultaba extraño que un particular destinara tantos espacios para sus familiares.
La realidad es que en el municipio sospechan que la intención de los compradores era vender los nichos y hacer una importante diferencia económica. Y como la ordenanza anterior no lo prohibía, decidieron cortar por lo sano y la reformaron. De ahora en más, cada familia podrá tener hasta 5 sepulcros.
“Se descubrió una manera muy irregular de transferencias”, aseguró el concejal, quien agregó que “se pierde la esencia del cementerio como servicio público”. Por su parte, Juan Carlos afirmó que “algún nivel de especulación hay”. Por eso, impulsó la decisión de ordenar el sistema y darle de baja a aquellos casos que tienen un fin distinto al de darle sepultura a sus parientes. Inclusive, Pereyra manifestó que observaron hechos llamativos. “En los primeros días de diciembre de 2011, cuando la anterior gestión (de Gustavo Rojas) se estaba yendo, se produce la venta de terrenos. ¿No sé cuál es la urgencia de ciertas personas de adquirir varias columnas de nichos?”, se preguntó.
Para darle de baja a esos casos, a fines de noviembre, el Concejo apeló a una normativa que establece que una vez otorgada la concesión para la construcción de nichos, si en el plazo de un año no se concretaba, se caía el convenio y los espacios regresaban a la comuna. Pero además, según dijo Pereyra, como los terrenos donde se levantan los nichos son de dominio municipal, el Ejecutivo puede revocar la concesión debido a que son de utilidad pública. Y si ya hay una construcción, el Tribunal de Tasaciones fijará el precio para que luego el municipio cancele el valor. Esos casos se registraron en 8 concesionarios, a quienes les rescindieron el convenio y cuyas parcelas volvieron al poder del Ejecutivo. El concejal aclaró que se respetarán las columnas que estén destinadas a familiares fallecidos.
Pese al límite que se impuso sobre la cantidad de nichos para cada titular, Gioja señaló que se contemplarán “hechos excepcionales de interés social” como los casos de familias numerosas.
El concejal resaltó que el objetivo es priorizar el servicio público que debe brindar el cementerio, el cual debe contar con lugares para los crecientes requerimientos de la población. Además, la gestión giojista se propuso tomar el control del San Miguel para tener una usina de fondos genuinos para engordar las cuentas municipales y poder hacerle frente a obras para la comunidad. El intendente resaltó que en un año han concesionado alrededor de 600 nichos. Teniendo en cuenta que cada uno de ellos cuesta, en promedio, unos 2.500 pesos, la recaudación ascendió a 1,5 millones de pesos, según los datos que proporcionó el jefe comunal.

