La gestión del intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja, echó a 2 de sus empleados debido a que se quedaron con plata de la venta de nichos del cementerio municipal. Los ahora exagentes fueron notificados ayer de la cesantía y además, el Ejecutivo radicó la denuncia ante la Justicia. Fuentes calificadas informaron que una fiscal ya le pidió al juez que lleva adelante la causa que abra la investigación por una presunta defraudación contra las arcas de la comuna.

El dato sobre el desplazamiento de los trabajadores fue confirmado por el propio intendente, quien destacó que “luego de un sumario administrativo se detectó una irregularidad, que derivó en la cesantía de los empleados y en una denuncia, ya que corresponde hacerla ante la posible presencia de un delito”. Gioja evitó dar los nombres de los involucrados, un hombre y una mujer, amparándose en que el caso ahora se encuentra bajo la órbita de la investigación judicial.

Los implicados cumplían funciones en el cementerio departamental San Miguel y eran los que llevaban a cabo la venta y la cobranza de los nichos. Según las fuentes, la maniobra era la siguiente: el cliente que compraba el nicho se llevaba el recibo original, pero los empleados infieles no utilizaban el papel carbónico del facturero, por lo que en el duplicado no quedaba registrada la transacción. De esa forma, lo llenaban después y cambiaban el concepto e insertaban un monto menor de la operación, cuyo documento iba a parar a la tesorería del municipio. Es decir, en vez de poner la venta de un nicho por 3 mil pesos, colocaban que el servicio que se brindaba era una ornamentación, la cual consistía en adornar, embellecer y mantener el sepulcro, cuyo costo gira alrededor de 400 pesos. Así, la diferencia quedaba en manos de los involucrados. En la comuna detectaron un faltante de al menos 12 mil pesos y unas 10 maniobras, pero no descartaban que ambas cifras fueran mucho más elevadas debido a que las anomalías se venían dando desde noviembre.

La mecánica la descubrió el director del cementerio hace unos 2 meses, cuando una cliente fue a pedir que le entregaran el convenio por el nicho que había comprado, con el recibo original en mano, pero en los registros figuraba que había pagado por otro concepto. Desde ese momento, se desató la investigación interna, cuyas conclusiones estuvieron listas sobre fines del mes pasado. Por recomendación de la Asesoría Letrada, el Ejecutivo puso la denuncia el 26 de julio en la Fiscalía de Instrucción Nº5, de donde partió el requerimiento de instrucción para que el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción investigue el posible delito de defraudación al Estado. El dictamen con la cesantía de los trabajadores salió el miércoles y ayer fueron notificados, indicaron las fuentes. De todas formas, no estaban asistiendo a sus puestos desde que estalló el caso, dado que habían presentado certificados médicos.