Juan Pablo Ortega, titular provisorio del Primer Juzgado Correccional, ratificó ayer el pedido de desafuero para el juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, en el marco de la investigación penal de la causa contra el comisario Gustavo Adolfo Padilla, sobre quien pesa un auto de procesamiento con prisión, al reconocer que usó para ir y venir de su casa una camioneta en situación judicial que le cedió irregularmente Flores.
La ratificación del pedido de desafuero responde a una decisión que tomó el cuerpo del Jurado de Enjuiciamiento, integrado por Guillermo De Sanctis, Pablo García Nieto y Amanda Díaz; Guillermo Medawar y Lidia Ruth Reverendo, en representación de los abogados.
El caso se originó en agosto de 2017 cuando Eduardo Vicente Gómez denunció en la Seccional Segunda el robo de un Fiat Siena. Como es costumbre, miembros de la Policía de San Juan le solicitaron a Flores órdenes de allanamiento para dar con el vehículo robado. En dos allanamientos que hicieron no encontraron el Siena, pero secuestraron otros siete vehículos con papeles apócrifos o con los números de chasis con evidencia de haber sido adulterados. En ese secuestro aparece la Toyota Hilux que el comisario Padilla, hasta hace poco a cargo del Depósito Judicial de 9 de Julio, terminaría usando para ir a su casa y al río con amigos, según él mismo aseguró en la indagatoria frente a Ortega.
Tanto en la Justicia como en la Policía llamó la atención la inacción de Flores en una causa en la que había pruebas como para avanzar, coinciden las fuentes. Varios de los vehículos secuestrados en el allanamiento de 2017 tenían pedido de captura de otras jurisdicciones y el juez jamás informó a esos jueces, como usualmente ocurre. Tampoco ordenó pericias sobre los vehículos, cuando ya tenía en su poder los informes policiales que daban cuenta de visibles adulteraciones en los chasis y en la documentación. La Toyota Hilux, por ejemplo, tenía los números del motor que no coincidían con los de fábrica, las últimas cifras del chasis destruidas, le habían quitado un faja de seguridad que sostiene los números del chasis, y los remaches de esa faja no eran los oficiales.
La fiscal, según relatan altas fuentes de Tribunales, cree que Flores debió inhibirse porque los presuntos delitos a los que enfrentaba son de competencia federal, como la falsificación y utilización de documentación falsa destinada a acreditar la titularidad de un automotor. Flores no lo hizo y, además, le entregó la camioneta a Padilla como depositario judicial cuando es la Corte de Justicia el único organismo que puede hacerlo y sólo a instituciones, no a personas, según el Código de Procedimiento Penal sanjuanino.