En marzo, el fiscal de Jáchal, Nicolás Oritja, cumplirá 3 años sin concurrir a su puesto de trabajo y en el ámbito judicial han surgido críticas por la demora en la búsqueda de un reemplazante. El funcionario está de licencia por enfermedad y si bien ha iniciado los trámites jubilatorios, la Anses aún no le concede el beneficio. Como no se ha producido la vacante, el Consejo de la Magistratura no puede convocar a cubrir el cargo. Mientras tanto, su lugar es ocupado por el defensor oficial, lo que en muchos casos genera incompatibilidades dado que tiene que asumir el rol de acusador, o por abogados de un listado especial que por acumulación de trabajo no pueden aceptar la responsabilidad. Por eso, los cuestionamientos apuntan a buscar algún tipo de solución, ya que hablan de atrasos en el trámite de las causas.
El que presentará un escrito en la Corte de Justicia pidiendo una pronta definición es el abogado jachallero José Torres, quien dijo que cuenta con el apoyo de otros colegas. El profesional le apuntó al máximo tribunal porque es el encargado de resolver los temas administrativos y habló de desidia y descuido. Es que solicitará que se ponga a un fiscal que actúe hasta que se produzca la vacante y se designe a uno de manera definitiva. Además, apelará a que la Corte averigüe por qué el retraso del otorgamiento de la jubilación para Oritja. El Fiscal General, Eduardo Quattropani, dijo que la situación requiere “soluciones de fondo” y pintó un panorama de “descalabro en el servicio de Justicia”. Por su parte, el diputado departamental, Jorge Barifusa, dijo que pedirá informes para que de inmediato se normalice la situación.
Desde el máximo tribunal, el secretario Administrativo, Javier Vera, reconoció que el caso en Jáchal preocupa y dijo que van a estudiar alternativas junto al jefe de los fiscales y que no tiene ningún expediente por alguna queja formal de retraso.
El fiscal cumple un rol clave, ya que en un proceso penal por ejemplo, es el encargado de pedirle a un juez que inicie una investigación, solicitar pruebas y plantear que la causa vaya a juicio. Torres explicó que tras una denuncia, en una situación normal, un fiscal tarda 5 días en pedirle al juez que comience la pesquisa. Pero en el escenario actual, ese trámite demora hasta 3 semanas. No es la primera vez que en Jáchal hay problemas en el servicio de Justicia. En abril de 2012, el entonces juez Carlos Mateo se quejó de que no contaba con personal. Desde la Corte le respondieron que tenía que trabajar más y un año después, con el magistrado jubilado, hubo recambio de personal.