“Es una sobreactuación o un mal asesoramiento”. Con esa frase definió el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, la decisión del ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, de presentar una denuncia en el fuero Federal por el incidente en la mina iglesiana del 8 de septiembre. Y se tomó del fallo de la Corte Suprema de Justicia que oportunamente resolvió que se trata de un tema que está bajo la órbita de los tribunales provinciales. El funcionario, que designó dos fiscales extra para que ayuden en el trámite de la causa penal que se tramita en Jáchal por el derrame, aseguró por otro lado que el reinicio de las actividades en el yacimiento depende de que Barrick haga lo que corresponda y sostuvo que las actividades en alta cordillera no se hubieran suspendido si la compañía hubiera hecho bien su trabajo.
Según Quattropani, “el futuro de Veladero está en manos de la empresa”. “El destino en modo alguno está en manos de la Justicia, como antes no lo estuvo en las del Gobernador, en verdad el destino de la mina está en manos de la propia empresa, pues en cuanto haga lo que tiene que hacer, la actividad no debe por qué estar paralizada”, disparó en forma contundente contra la minera por el incidente.
La operación en la mina iglesiana fue suspendida por Sergio Uñac en la noche del miércoles 14 pasado, cuando se hizo público que por el desprendimiento de un bloque de hielo en el valle de lixiviación, que había impactado en una cañería, se había producido el desacople en una conexión y el derrame de solución cianurada que no excedió los límites del lugar. Después, fue el juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción, el que mediante una resolución judicial tomó cartas en el caso, pero sujeto a que la empresa cumpla con las obras de seguridad que le exigen.
Quattropani sigue de cerca el incidente, al punto que afectó dos fiscales, Daniel Guillén y Fabricio Medici, para que colaboren con su colega Sohar Aballay. Acerca del planteo de Bergman, que amenaza con abrir otro conflicto de competencia, contestó que “denuncias con falta de rigor fáctico o con oportunismo político ayudan a la confusión o a que no se solucionen los problemas”.
Consultado sobre los huevazos a Uñac por parte de asambleístas jachalleros, y las pintadas en la casa de Oritja, Quattropani consideró que “la agresión a los funcionarios son actos de cobardía de pseudo-idealistas que se refugian poniendo de escudos a mujeres y niños”.
Además, habló del malestar que le causan dos frases. La primera, cuando Barrick dice que está a disposición de la Justicia. “Eso no hace falta pues la Justicia tiene los medios y el poder suficiente para obligarla a someterse a su jurisdicción”, dijo. Y agregó que la segunda es con referencia a las expresiones de los ambientalistas jachalleros que “quieren sí o sí el cierre de la mina porque no confían en los gobernantes ni en la Justicia”. “Eso es más o menos como pretender la instalación de una tiranía de unos cuantos o, para peor, sería como admitir que un reducido grupo se atribuye el mandato popular”, dijo.