El proyecto de ley que crea el procedimiento de flagrancia cayó bien en la Cámara de Diputados y hay consenso para aprobarlo. Sin embargo, en el oficialismo y la oposición creen que hay puntos que se podrían mejorar y en el debate en comisión del martes tiraron sobre la mesa una serie de propuestas. Una de ellas es agregar los delitos correccionales, cuya pena máxima no supera los 3 años. En ese rubro, el que pica en punta es el hurto (la sustracción de un objeto sin ejercer violencia en las cosas o las personas), ya que es uno de los hechos más comunes que normalmente queda sin condena. En la iniciativa sólo están incluidos los delitos de instrucción cuya escala no supere los 15 años.
El de flagrancia es un mecanismo ágil para juzgar a los delincuentes que son sorprendidos con las manos en la masa. La propuesta apunta a que no podrán pasar más de 17 días hábiles desde la detención del sospechoso hasta la celebración del juicio y la sentencia. El objetivo es acortar los plazos de resolución de causas y reducir la cantidad de casos que quedan impunes. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pablo García Nieto, planteó la posibilidad de que el procedimiento también tenga en cuenta a los delitos correccionales. En el marco de la política de persecución criminal, el oficialismo hace hincapié especialmente en el hurto, ya que se trata de un atentado contra la propiedad que provoca sumo malestar en la sociedad y produce la inseguridad. Además, es una de las causas que más atestan los juzgados correccionales, pero no es la única dado que también se encuentran las lesiones leves, amenazas y atentado y resistencia a la autoridad.
Fuentes judiciales señalaron que la propuesta es debatible y no la descartaron. Sucede que en el Poder Judicial se planteaban el hecho de que si los futuros juzgados de flagrancia contemplarán a los delitos correccionales, estos podrían llegar a colapsar mientras que los que entienden en esa materia específica quedarían con escasas causas. En cambio, otras voces opinan que no se daría tal vaciamiento, debido a que los tribunales correcionales no sólo tienen casos in fraganti sino también denuncias hechas a los días de sucedido el hecho.
La inquietud será planteada ante la secretaria de Gobierno y Justicia, Fabiola Aubone, quien fue invitada a la reunión que se llevará a cabo el próximo lunes 25, según confirmó la diputada justicialista Amanda Días, presidenta de la comisión de Justicia y Seguridad. En ese marco, García Nieto explicó que “lo queremos discutir y debatir y saber si se puede incorporar o no. En el caso de que no sea conveniente, se desistirá de la idea”. Días agregó que “queremos plantear si es posible la ampliación de la competencia, entendiendo que el hurto es uno de los delitos más comunes”.
La legisladora además señaló que está en estudio si invitarán a referentes de la magistratura y del Ministerio Público Fiscal que trabajaron o tienen sus opiniones sobre el tema para que brinden sus aportes al mecanismo.
Por otro lado, el diputado ibarrista Carlos Munisaga, miembro de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la cual viene trabajando en conjunto con la de Justicia, señaló que ha planteado que en el proyecto se establezca con precisión un plazo de 48 horas para que la Oficina de Gestión de Audiencia fije justamente la oportunidad en la que el imputado debe presentarse ante el juez para prestar declaración indagatoria, con el objetivo de que no se excedan los tiempos.
El nuevo procedimiento implica un cambio drástico en el trámite penal, dado que la decisión del Ejecutivo es que haya sentencia en un trámite exprés. El objetivo es que esté listo en marzo del año que viene, para lo cual se creará una nueva estructura (ver recuadro).