El excobrador de la Mutual de la UNSJ Alberto Antonio Cortés fue procesado por el delito de administración fraudulenta, que está comprendido en el capítulo de las estafas, sospechado de haberse quedado con dinero que correspondía a la inscripción y pago de cuotas de asociados de la entidad. El juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, no lo mandó a detener, pero dispuso el embargo de sus bienes por 400.000 pesos.

Cortés debía ser notificado ayer de la decisión judicial, pero a Tribunales sólo concurrió su abogado defensor, quien presentó un certificado médico porque el imputado iba a ser sometido a una intervención quirúrgica por un problema en sus ojos.

Con esta decisión, que puede ser apelada por la defensa del acusado, se suma una nueva página en la complicada historia de la institución universitaria, que en su haber ya cuenta con otras denuncias tanto en la Justicia provincial como en el ámbito Federal (ver aparte). Es por sospechas de manejos irregulares en la anterior comisión que estuvo al mando de la Mutual, antes de que asumiera Omar Cereso como presidente, a partir de octubre de 2014.

La maniobra, según denunciaron los directivos de la institución, con el patrocinio del abogado Carlos Vila, consistía en que Cortés, que era el encargado de las cobranzas a los socios adherentes, no rendía el dinero que recaudaba del aporte de los nuevos inscriptos, que abonaban 2.500 pesos para ingresar por grupo familiar y después 250 pesos por mes. Eso fue hasta octubre del 2014, cuando la nueva comisión empezó a investigar las irregularidades de la anterior gestión.

¿Cómo fue descubierta la maniobra? Fue cuando empezaron a llegar a las oficinas de la Mutual socios adherentes, es decir que no eran afiliados directos, que querían abonar sus cuotas, porque Cortés había dejado de hacerlo. Si no estaban al día perdían los beneficios de la organización y no podrían hacer uso del camping ubicado en Ruta 40 casi frente al Estadio del Bicentenario. Las dudas comenzaron a tomar forma cuando se comprobó que Cortés, quien también era integrante de la Junta Fiscalizadora de la anterior gestión, entregaba recibos, pero el dinero no figuraba como rendido en los registros contables de la institución. El faltante de plata que no habría rendido el excobrador se calcula que ascendería a unos 180.000 pesos.

Según señaló el juez Flores en un párrafo de la resolución, que tiene fecha de ayer, “el perjuicio se produjo efectivamente, por cuanto la Mutual, que era la destinataria del dinero, no lo percibió porque con aviesa intención Cortés nunca lo puso a disposición de aquella”.