Por presuntas detenciones ilegales, torturas e incluso violaciones ocurridas en la provincia en la época previa al golpe militar de 1976, el juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó al ex jefe de Policía Enrique Graci Susini y ordenó que continúe detenido en forma preventiva, según informaron fuentes judiciales. El magistrado dictó las mismas medidas contra 4 ex miembros de la fuerza, entre los que se destaca Nicolás Manrique. Este último se hizo muy conocido al estar en dos oportunidades al frente del Penal de Chimbas, la última durante la gestión de Alfredo Avelín.
La resolución se basó en la investigación judicial que determinó que Graci Susini, como jefe de la fuerza, Cruz Alejandro Olmos y Darvin Mejías, estos dos últimos como jefes de las áreas de Inteligencia y de Operaciones Policiales, tuvieron responsabilidad en 2 hechos de privación de la libertad agravada en contra de Eusebio Héctor Tejada y por tormentos agravados a los que fueron sometidos un seria de víctimas. Se trata de Marcelo Raúl Nivoli, Jorge Antonio Capella, Isabel Emilia Mac Donald, Beatriz Paris, José Francisco Mut, Norman Alan Pictor Greiner, Diana Temis Kurban, Eusebio Héctor Tejada, Roque Adalberto Páez, Eugenio Ramón Ochoa, Alberto Esteban Conca y Jorge Luis Marambio.
El tercer hecho que les imputan es por violación en perjuicio de Isabel Mac Donald, Beatriz Paris y Diana Kurban, que se habría producido durante su detención en dependencias policiales.
En los casos de Manrique y Oscar Amidey les atribuyen responsabilidad por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y tormentos agravados en perjuicio de Nivoli, Capella, Mac Donald y Paris y por la presunta responsabilidad en la violación de las dos últimas.
Como parte de la resolución judicial, el juez dispuso decretar embargo sobre los bienes por una suma de tres millones de pesos en el caso de Graci Susini, de un millón de pesos a Mejías y Olmos y de 500.000 pesos para Manrique y Amidey.
Según las fuentes consultadas, todos permanecerán detenidos en el Instituto Penal de Chimbas.
En la resolución judicial se menciona que los hechos fueron parte de un plan antisubversivo dirigido desde la cúpula militar del gobierno de facto que les otorgaba a las fuerzas policiales y militares discrecionalidad para privar de libertad e incluso someter a torturas a quienes aparecían, según información de inteligencia, como vinculados a la actividad subversiva.
En los casos investigados, tanto las detenciones como las sesiones de torturas, en los que también había simulacros de fusilamiento y el uso de picana eléctrica, se habrían producido, según el relato de los testigos, en la Central de Policía de San Juan, en el Comando Radioeléctrico y en una casa particular situada en la ciudad, que nadie sabe ubicar porque las víctimas siempre estaban encapuchadas y con las manos atadas.
Según las fuentes consultadas, las defensas de los acusados tenían previsto apelar la resolución con el argumento de que no está acreditado que previo al golpe militar hubiera un plan sistemático de lucha contra la subversión.