La situación de la mayoría de los detenidos por el escandaloso caso de estafa contra la AFIP local se complica cada vez más. El juez federal Leopoldo Rago Gallo procesó ayer a 14 de los 17 imputados por integrar una asociación ilícita que se dedicaba a borrar deudas impositivas que distintas empresas registraban con el Estado nacional y vender facturas truchas. El contador Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari son los más comprometidos, ya que el juez los acusa de ser los cabecillas de la organización y podrían ser condenados a cumplir un castigo en la cárcel. Los otros 3 zafaron y recuperaron la libertad, aunque seguirán siendo investigados.
Rago Gallo resolvió la situación procesal de los imputados después de una larga investigación. La megacausa se disparó por una denuncia de la AFIP en 2009 y en todo este tiempo, hubo entrecruzamientos de datos, recolección de prueba y escuchas telefónicas que dieron cuenta de cómo operaba la red delictiva y las funciones que desempeñaban sus miembros.
Los procesados son, además de Olmos y Fornari, Luis Alberto Alé, Julio Andrés Ayala, Raúl Peña, Héctor Quirós, Rubén Darío Falcón, Walter Prividera, Manuel Francisco Montivero Miranda, el contador Fernando Jolivot, César Esteban Vignoli, Antonio Ribas, Antonio Monteleone y el empresario Edmundo Novelli. A todos les endilgan ser parte de la organización criminal y autores de los delitos que la misma ejecutó: fraude contra el Estado nacional, falsificación de documento y uso del mismo (facturas truchas) y adulteración de sistemas informáticos (en este caso de la AFIP para borrar deuda).
La diferencia está en el carácter que Rago Gallo le atribuye a cada uno. Olmos y Fornari padre son considerados los jefes y como tales les cabría penas que van de 5 a 10 años, es decir prisión efectiva si son condenados. Los demás fueron procesados como integrantes de la red delictiva, delito excarcelable porque la mínima es de 3 años.
Con el procesamiento, la causa dio un paso clave y los 14 implicados quedaron encaminados a ir a juicio. Aunque pueden apelar e intentar dar vuelta las cosas ante la Cámara Federal de Mendoza.
En su resolución, Rago sostiene que está acreditado el “despliegue de una organización delictiva destinada a cometer maniobras ilícitas claramente orientadas a la defraudación de las rentas de la Nación”. Además, distingue el rol de cada imputado y cómo se complementaron.
La red delictiva prestaba servicios ilegales para que empresas de San Juan y Mendoza esquivaran sus obligaciones impositivas con la AFIP o pagaran mucho menos. Así, según las conclusiones judiciales, manipulaba los registros del organismo recaudador, vendía facturas de empresas fantasmas para evadir tributos y generaba créditos de libre disponibilidad inexistentes.
De acuerdo al auto de procesamiento, Olmos y Fornari organizaban, repartían y supervisaban el trabajo. Ayala y Peña vendían facturas truchas, Quirós transfería saldos inexistentes de libres disponibilidad y Alé ofrecía el servicio de borrado de deudas; mientras que Edmundo Novelli, como dueño de franquicias de helados Grido, se vio beneficiado con la supresión de los impuestos que debía y Jolivot era captador de clientes (fue vínculo con Novelli). Como otro eslabón, a los empleados de la AFIP Montivero Miranda, Falcón y Prividera les enrostran ser los que metían mano en el sistema informático.
A excepción de Vignoli, Ribas y Monteleone, que aparentemente cumplían tareas menores y no estaban presos, los demás fueron procesados con prisión preventiva, por lo que seguirán detenidos. Entre otras cosas, el juez funda esa decisión en que la investigación continúa (ver recuadro) y que la libertad anticipada de los implicados podría entorpecerla.
A Adrián Collado, otro empleado de la AFIP; Daniel Guillermo Fornari (hijo de Daniel Humberto) y Enzo Novelli (hermano de Edmundo), el juez les dictó la falta de mérito. Sin embargo, seguirán bajo la lupa y si surgieran pruebas en contra podrían ser procesados.