En vísperas de las fiestas de fin de año, el exjefe de policía Enrique Grasi Susini y 12 exuniformados más recibieron una noticia que nunca hubieran querido escuchar. El juez federal Leopoldo Rago Gallo encontró elementos suficientes para procesarlos con prisión preventiva por delitos cometidos antes y durante la dictadura militar. Dependiendo del involucrado, el magistrado les endilga ser parte de una asociación ilícita, homicidio, tormentos y privación abusiva de la libertad. La contracara son 7 efectivos que fueron puestos en libertad por falta de mérito.
La resolución fue notificada a los imputados a principios de esta semana, pero recién salió a la luz ayer. Los procesados eran en su mayoría integrantes del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de San Juan en la década del 70’ y de acuerdo a la prueba valorada por el juez del caso, colaboraron con los grupos de tarea y participaron en los operativos de detención y los interrogatorios de dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales de la provincia. Rago Gallo concluyó que en todo ese raid fueron autores de graves delitos que no son excarcelables, por lo que deberán cumplir una pena de prisión si son condenados.
Grasi Susini es uno de los más conocidos porque fue jefe de la fuerza durante el gobierno de Eloy Camus y los hechos que lo comprometen sucedieron en la época previa al golpe militar de 1976. El exfuncionario fue procesado por los delitos de asociación ilícita y tormentos agravados por condición de preso político de las víctimas en 28 hechos.
En la misma situación quedó el excomisario general Juan Carlos Turón, que durante aquellos años ocupaba un cargo de menor jerarquía dentro de la fuerza. El juez le enrostra haber cometidos tormentos agravados contra Diana Kurbán y Segismundo Lara.
La lista de procesados se completa por un lado con Rubén Arturo Ortega, Darwin Mejías, Carlos Antonio Saavedra y Carlos Alberto Olha, mayormente por tormentos y privación abusiva de la libertad.
Por el otro están José Eladio Escudero, Alberto José Bazán, José Claudio Guzmán, Juan Carlos Coronel, José Hilarión Rodríguez, Juan Carlos Torres y Alejandro Pereyra, a quienes el juez acusa, incluso, de homicidio.
La causa se disparó en agosto de este año por un requerimiento de los fiscales Francisco Maldonado y Katia Troncoso (esta última ya dejó el cargo en la provincia) y es inédita por la cantidad de involucrados. El proceso comenzó con más de 80 expolicías en la mira, pero el número bajó a unos 45 cuando se depuró el listado y se comprobó que muchos de ellos ya han fallecido. Los primeros sospechosos cayeron el 14 de agosto y después vinieron nuevas detenciones.
Los imputados, además, deberán hacer frente a duros embargos impuestos por el magistrado. En los casos de Coronel, Rodríguez, Torres, Guzmán y Pereyra, el monto es de 30 millones cada uno. Para Grasi Susini, Ortega, Mejías, Escudero y Bazán asciende a 20 millones, mientras que para Saavedra, Turón y Olha son 15, 10 y 5 millones, respectivamente.
Todos pueden apelar el procesamiento ante la Cámara Federal de Mendoza y es casi un hecho que lo harán. Si tienen suerte, podrían ser desvinculados dependiendo de si el fiscal recuerre a una instancia superior. De lo contrario, quedarían más cerca de tener que enfrentar un juicio oral y público por las atrocidades de las que están acusados.
Los que zafan por el momento son Pedro Luis García, Armando Steiner, Pedro Máximo Robledo, Federico Ramón Retamar, Carlos Faustino Alvarez, César Raúl Oro y Pedro Raúl Aravena. Rago Gallo les dictó la falta de mérito, pero siguen bajo investigación y si a futuro aparecen nuevos elementos, hasta podrían ser procesados.
En la causa se esperan más detenciones. Fuentes judiciales habían adelantado que no seguían adelante con los arrestos porque antes querían resolver la situación de los detenidos. Terminado ese trabajo, aseguraron, el juez se concentrará en los demás sospechosos.