"Acá hay algunos vivos que se quieren quedar con lo que no es de ellos, hay que sacarlos", disparó José Luis Gioja en referencia a las personas que ocupan los locales comerciales que están en la esquina sureste de Mitre y Tucumán. El terreno pertenece al Colegio Nacional y por primera vez hubo, públicamente, una promesa oficial de tomar acciones para intentar desalojar a los supuestos usurpadores y construir un polideportivo. Gioja ya le dio instrucciones al fiscal de Estado para que le dé prioridad y se meta de lleno en el tema, aunque no parece fácil. La irregular situación lleva décadas, hay una maraña legal y varios cabos sueltos, uno de los comerciantes se está preparando para resistir en los Tribunales y hasta se habla de personas vinculadas al poder que los apañan.
La promesa de Gioja de "hacer lo posible por desalojarlos" es la primera de un gobernador desde que estalló el conflicto y sirvió para poner de nuevo sobre el tapete el viejo reclamo de las autoridades del Colegio Nacional (Ver Cronología). "Hace años que venimos pidiendo que sea liberado el terreno, no corresponde que esas personas estén ahí", se quejó la rectora, Susana Benavidez.
El inmueble está justo en la esquina de Mitre y Tucumán y se extiende unos 30 metros por ambas calles. Inicialmente fue del Arzobispado y luego fue expropiado por el Gobierno nacional y cedido al Colegio Nacional.
Sin embargo, hace más de 30 años que está ocupado por comerciantes y el Colegio no puede disponer de él. Actualmente hay un café (se llama Chaban), una casa de artículos de celulares, una regalería y en la parte superior construyeron un departamento. Y hasta no hace mucho funcionada el café Los Douglas. Hasta ahí la certeza, porque el resto de la historia es un mar de dudas.
En Fiscalía de Estado hay cautela y no adelantaron si le pedirán el desalojo a un juez. Fuentes del organismo contaron que, por lo pronto, presentaron un escrito en el Quinto Juzgado de Paz para conseguir datos clave. Solicitaron que se manden oficios para saber quién o quiénes son los dueños de los locales, si alquilan, si tienen permiso municipal y si pagan impuestos.
Además, están estudiando la implicancia que podrían tener las demoras del Estado para que el inmueble pase definitivamente a la provincia. Por ejemplo: ningún gobierno local desde 1.992 aprobó el convenio de traspaso de la Nación de los edificios educativos y la ley se sancionó recién hace un mes.
En el gobierno saben que el propietario de café Chaban, de quien se desconoce la identidad, piensa plantear en la Justicia una posesión veinteañal. Es decir, un planteo para quedarse con el inmueble. En ese negocio no quisieron hablar, pero otro de los comerciantes se defendió y dijo que no está usurpando, porque paga alquiler. Y ahí surgen más interrogantes, porque nadie informa o sabe quién es el locatario y al bolsillo de quién va el dinero.
Fuera de micrófono, en el Colegio Nacional dicen que los comerciantes se instalaron cuando una cooperadora del Liceo Paula -funciona en la tarde en el mismo edificio- los autorizó a cambio del pago de un canon. Este diario intentó dar con la rectora del Liceo para saber si el acuerdo está vigente, pero no fue posible.
El contexto no es nuevo. La polémica empezó a sonar a fines de la década del "90, cuando Benavidez expuso su inquietud. Y a pesar de que los funcionarios que fueron pasando reconocieron que el Colegio Nacional tenía razón, no se conoce que desde el Estado se hayan tomado medidas concretas para normalizar la situación.
Fuentes vinculadas al caso aseguraron que hay muchos puntos oscuros que aún no pueden descifrar. Además, no descartaron que los presuntos usurpadores hayan contado todo este tiempo con la ayuda de gente con influencias en las esferas de poder.