La jueza Eliana Rattá, del Tribunal Oral Federal, condenó a Sandro Javier Bordón a 5 años de prisión como el máximo responsable de someter a 34 personas al delito de trata laboral. A su vez, castigó con tres años de cárcel en suspenso al productor vitivinícola Aldo Jorge Carrascosa, ya que en dos de sus fincas habían trabajado los obreros tucumanos, y al capataz Julio Ángel Córdoba como partícipes secundarios de la explotación. No solo eso, sino que la magistrada dispuso que Carrascosa indemnice con 8 millones de pesos a todas las víctimas. Así, se trata de la primera sanción penal por un caso de trata laboral, la cual fue en sintonía con el acuerdo de juicio abreviado al que había llegado el fiscal Francisco Maldonado con los abogados de los imputados.
El caso estalló por un procedimiento que Renatea realizó el 18 de noviembre de 2014 en la finca y en una vivienda que Carrascosa tiene en Albardón. El personal comprobó que en ambos inmuebles estuvieron trabajadores tucumanos que habían sido contratados para la cosecha de uva y que vivían hacinados, dormían en colchones tirados en el suelo, sin agua potable ni baños, por lo que debían bañarse en un canal. Tampoco contaban con energía eléctrica ni heladera y tenían que cocinar su comida haciendo fuego al aire libre. En otro operativo, que se efectuó el 22 de diciembre de ese año, inspectores de Renatea y la Subsecretaría de Trabajo hallaron a otro grupo de obreros tucumanos en una finca que el productor posee en Zonda. Los empleados se encontraban en las mismas condiciones que en el primer caso, según consta en el expediente.
Bordón fue responsabilizado de contactar a las víctimas en Tucumán para trabajar en San Juan. Los empleados habían manifestado que habían acordado con el encargado que les pagaría entre 10 y 12 pesos por cada cajón, aunque luego les dijo siete pesos, pero, al final, nunca les abonó. Además, les cobraban por el agua, la electricidad y el alquiler del lugar donde dormían.
De acuerdo al fallo de la jueza, Bordón contó con la colaboración de Córdoba, jornalero con funciones de capataz, y Carrascosa, propietario de las dos fincas donde se llevó a cabo la explotación. Por otro lado, el productor debe depositar los 8 millones de pesos en una cuenta del Banco Nación, desde donde se transferirá al fondo fiduciario de Asistencia a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia.