Las estadísticas oficiales indican que el 25 por ciento de los pacientes que se atienden regularmente en el Hospital Rawson cuentan con cobertura social. En Salud Pública aseguran que es una cifra muy alta y que responde a que a un grupo de obras sociales sindicales se les hizo costumbre enviar a sus afiliados al sector público por ser más barato que el privado. En el gobierno temen que este manejo se agudice cuando el nuevo nosocomio esté funcionando, ya que tendrá más confort y complejidad que cualquier clínica privada. El ministro Oscar Balverdi aseguró por esta situación, muchas veces no hay camas para los que no tienen obra social. Por eso, analiza aumentarle les valores de las prestaciones a las obras sociales que están gerenciadas.

El panorama merece una consideración para entender la raíz del problema: el sistema de salud argentino está diseñado para que el Estado asista a los más humildes que no tienen cobertura social y que el sector privado atienda a los que están asociados a una obra social -salvo los que sufren un accidente y son atendidos de urgencia-. Sin embargo, dijo Balverdi, hay obras sociales que "realmente se abusan y habitualmente mandan a sus afiliados al Hospital Rawson por cualquier práctica médica". Mencionó a OSECAC, de los empleados de comercio; a OSPRERA, de los trabajadores rurales; a OSBARA, de los ex boxeadores; y a la de los empleados bancarios.

En el medio hay razones económicas, pero lo más grave radica en una cuestión social. En Salud Pública aseguran que por cada persona con obras social internada en el Rawson, hay una de bajos recursos y sin cobertura social que se queda sin la posibilidad de contar con una cama.

La mayor preocupación es el impacto que la situación podría provocar en el nuevo Hospital Rawson, que será inaugurado dentro de poco (Ver aparte). Sucede que el nosocomio será el de mayor confort de la provincia y el que contará con el equipamiento más moderno y de mayor complejidad. Y según Balverdi, "los pacientes con obra social que hoy quedan internados en el Rawson piden ser trasladados, pero en el nuevo hospital se van a querer quedar". Todo, claro, sumado al manejo de las entidades de salud en cuestión.

La proyección más conservadora no es para nada alentadora. Si el uso de las obras sociales se mantiene constante en el 25 por ciento, para los pacientes sin cobertura social sólo habrán disponibles 390 de las 520 camas con las que contará el nosocomio. Y el objetivo de ganar en capacidad de internación para los más desprotegidos, se cumplirá a medias.

A pesar de que las obras sociales le tienen que pagar al Estado por la atención de sus pacientes, la maniobra se explica en que terminan ahorrando plata. Sencillamente porque las prestaciones son más baratas que en la parte privada. Un día de internación en terapia neonatológica cuesta en el sector público 350 pesos y en el privado 1.500; mientras que un parto asciende a 200 y unos 3.000 pesos respectivamente.

Lo peor de todo es que los valores de las prestaciones estatales los fija la Superintendencia de Salud y no hay en vista una actualización. En Salud Pública manejan un camino alternativo para neutralizar la maniobra de las obras sociales mencionadas por Balverdi. Como al menos tres de las cuatro -OSPRERA, OSECAC y Bancaria- están gerenciadas, el ministro dijo que están estudiando si se puede aumentarles el precio de los servicios médicos. "Las gerenciadoras no se rigen por la Superintendencia y si van a usar las instalaciones de salud del Estado, que paguen lo que corresponda", sentenció.

En dos de los gremios hubo respuestas dispares. Mario Matic, de la Bancaria, reconoció que hay casos como los que indicó Balverdi y aseguró que tomarán medidas para corregirlos. El titular del gremio de los empleados de comercio, Raúl Avila, negó que la obra social se abuse del Estado. "No es nuestro caso, nosotros tenemos convenios con sanatorios privados y tenemos una clínica propia", respondió el dirigente.