El proyecto de ley de responsabilidad fiscal fue presentado ayer junto al de coparticipación municipal. El primero establece reglas que deberán cumplir los jefes comunales para asegurar que no gasten más recursos que el nivel de inflación anual, que su endeudamiento no supere más del diez por ciento de los recursos corrientes; que no incrementen su planta de personal (permanente, transitoria y contratada), de acuerdo a un parámetro que será fijado por la ley, y que no suban el gasto corriente comunal de manera permanente durante los tres últimos trimestres de mandato.
Todos estos puntos serán auditados gracias a la creación de una comisión fiscal provincial que estará compuesta por los secretarios de Hacienda de cada municipio, o los responsables de esas área, y funcionarios del Ministerio de Hacienda.
De no cumplir con lo pautado por la norma, los municipios recibirán sanciones como la divulgación a través de la página web de la provincia de las faltas "en un apartado especial creado a tales efectos", se les limitará el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno, y sufrirán restricciones de transferencias presupuestarias del Ejecutivo, excepto a las originadas por la ley de coparticipación municipal.
La iniciativa que plantea la gestión uñaquista es similar a la que firmó oportunamente con Nación y por eso tiene parámetros similares. La diferencia radica en que, en el caso del nivel de endeudamiento, para San Juan es del 15 por ciento de los recursos corrientes. En materia de personal, la provincia se comprometió a no aumentar los cargos públicos ocupados existente al 31 de diciembre de 2017 y sólo podrá incrementarlo de acuerdo al crecimiento de la población, índice de proyección establecido por el INDEC.
Al igual que lo establece el proyecto del Ejecutivo local, si la provincia no cumple lo firmado ante Nación, corre el riesgo de ser sancionada en los mismos parámetros que pueden ser sancionados los municipios.