Por una pared medianera y una vereda que ni siquiera se pudo determinar que existieran, le quieren cobrar al Estado provincial 8 millones de pesos. Además, por una casa muy precaria, la pretensión fue que el Gobierno pagara 968.144 pesos. Estas son algunas de las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes civiles vinculados a la investigación judicial por la megacausa de las expropiaciones. Y están relacionadas con el caso del canal Playas, ahora conocido como Benavídez, obra que motivó que la provincia expropiara 3 terrenos que no superan las 2 hectáreas. A valores de hoy, los juicios ascenderían a unos 70 millones de pesos.
Por las anomalías hay dos jueces en la mira. Una es Rosalba Marún, del Juzgado Civil Nº 1, que ya fue denunciada penalmente por su presunta actuación irregular en otro caso de expropiaciones, conocido como el expediente Carbajal. El otro es Carlos Macchi, del Juzgado Civil Nº 5, quien podría correr la misma suerte por su actuación en el expediente del canal Playas, según insinuó ayer el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, en el programa “Insolentes”, de Radio Sarmiento (ver página 3). En todos los casos, el abogado que inició los juicios fue Santiago Graffigna, quien será citado a indagatoria por la jueza María Inés Rosellot, del Quinto de Instrucción.
En 1949, el Gobierno provincial expropió 3 terrenos; el primero de 5.530,40 m2, el segundo de 9.711,30 m2 y en el tercero, de 4.552,74 m2, el abogado Santiago Graffigna fue el cesionario de los derechos. Pero recién en abril del 2005 el profesional inició las demandas por expropiación.
Entre las irregularidades observadas se encuentran que en el caso del segundo inmueble, el perito puesto por Graffigna, Fernando Videla, tasó por 14.000 m2 en lugar de 9.711,30 m2 y la sentencia del juez Macchi no lo objetó, a pesar de que existían más de 4.000 m2 cuadrados de diferencia.
Otra cuestión está relacionada con la intención de cobrar por presuntas mejoras que existían en los terrenos, pero que una fotografía aérea de la zona de la Dirección General de Catastro demostró que no eran tales. Esas mejoras tienen que ver con una vereda, una pared medianera y hasta con una casa precaria. A pesar de la prueba, el juez Macchi convalidó el pago.
En el caso del Primero Civil lo que se cuestiona es que Graffigna adquirió los derechos sobre una parcela en 4.000 pesos, y que la indemnización podría ascender a 10 millones de pesos, lo que constituiría una maniobra defraudatoria en perjuicio de la Mutual del Personal del Banco San Juan, que era la propietaria.
Hoy, el monto indemnizatorio alcanzaría los 50 millones de pesos, al que habría que sumarle otros 20 millones de pesos en concepto de honorarios. En resumen, si el trámite de las expropiaciones no estuviera suspendido, el Gobierno provincial tendría que pagar cerca de 70 millones de pesos en expedientes que estarían plagados de irregularidades.