Después de tres años de investigación, el juez Leopoldo Rago Gallo llamó a indagatoria a cuatro abogados sanjuaninos sospechados de integrar una red que supuestamente estafó al Estado nacional. Fuentes judiciales aseguraron que se trata de Ernesto Clavijo, Waldino Fabián Acosta Gómez, Agustín Zumel y Juan Manuel Azcona. La presunción de la Justicia y los querellantes es que alentaban y representaban a empleados de una calera que iniciaron reclamos administrativos y judiciales para que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo los indemnice por enfermedades que aparentemente no tenían.
Los abogados fueron llamados a indagatoria, lo que significa que están sospechados de cometer un delito. En este caso, el juez investiga si hubo una estafa al organismo público nacional y si todo es parte de una asociación ilícita, es decir un grupo de personas que se constituyó a los efectos de delinquir.
Junto a los cuatro profesionales, también fueron llamados a indagatoria empleados de la empresa calera El Volcán. Son los que, con patrocinio de los abogados en cuestión, hicieron reclamos administrativos y judiciales para que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo les pague una indemnización por afecciones que presuntamente no sufrían.
Según las fuentes, los empleados presentaron estudios que fueron suscriptos por un médico que también está en la mira. Sucede que El Volcán, cuando en el año 2008 advirtió que 60 de sus empleados reclamaban una indemnización por padecer enfermedades laborales, puso un médico propio que verificó mediante estudios que en la gran mayoría de los casos las afecciones no eran tal y de inmediato, hizo la denuncia en la Justicia Federal por una supuesta estafa. Como prueba, presentó un listado de 13 obreros que percibieron por hipoacusia más de 280 mil pesos y en contrapartida, estudios que dicen que no estaban sordos.
Enteradas de las maniobras, las autoridades de la Superintendencia se constituyeron como parte querellante. Y si bien la supuesta estafa es contra el organismo, en El Volcán sostienen que están legitimados para ir a la Justicia porque por la maniobra los perjudicó al haber perdido empleados calificados que son declarados incapaces para seguir ejecutando la mismas tareas.
Las fuentes contaron que las indagatorias fueron fijadas para agosto y septiembre. Después de escuchar a los abogados y los obreros, el juez deberá resolver si los procesa, si los sobresee o si dicta falta de mérito.