El régimen de Corresponsabilidad Gremial Vitivinícola que facilita al productor el registro y acceso a la seguridad social y jubilación de los cosechadores, volvió a dejarse sin efecto por segunda vez en su corto ciclo de aplicación (arrancó en el 2011) a raíz de que el sector empresario representado por las Cámaras Vitivinícolas y la Federación de Viñateros decidió no seguir con el acuerdo para la cosecha 2015, el pasado 30 de junio. Desde esos sectores esgrimieron que los cosechadores no quieren presentar sus documentos para registrarse, ante el temor de perder los planes sociales, por lo que ante la visita de inspectores de seguridad social sufren multas por tener trabajadores en negro, a pesar de que están cumpliendo con sus obligaciones patronales al pagar la tarifa sustitutiva obligada por el sistema de corresponsabilidad. El año pasado, unos meses antes de la cosecha los mismos actores lo dejaron sin efecto hasta que lograron que el gobierno disminuyera la tarifa sustitutiva cuando se incluyan en la cosecha mecanismos de cosecha asistida que reducen el número de cosechadores. ‘’La otra vez se solucionó, pero ahora lo que no entienden los funcionarios de Seguridad Social de la Nación es que el productor está pagando con la tarifa sustitutiva los aportes y contribuciones de un trabajador que no me quiere dar el DNI porque tiene miedo a perder su beneficio, y cuando llega la inspección lo ponen como que está en negro y sufren la multa. Ellos tienen que dar la solución, pero no quieren, entonces presentamos la denuncia como paritaristas del convenio de trabajo 154/91’’, explicó Angel Leotta, titular de la Cámara Vitivinícola. Por su lado, el presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés; sostuvo que ‘estamos convencidos que el convenio es bueno, pero no está funcionado como debe’’. El dirigente viñatero aseguró que el problema se solucionaría sancionando una ley que indique que al trabajador que se registre por uno o dos meses, en temporada de cosecha; no se le caerá el plan social que posea. Garcés agregó que las dos entidades enviaron cartas documentos a los organismos de trabajo y seguridad social de la Nación informando que dejan sin efecto el convenio.
Hugo Trigo, delegado en San Juan del Ministerio de Trabajo de la Nación, opinó que el argumento esgrimido por las entidades empresarias ‘es una excusa’: Caen en un error de concepto que creen que con el solo hecho de pagar la tarifa alcanza y no es así, porque hay que pagar la tarifa y además dar de alta al trabajador. Ellos dicen que es una actividad ajena, pero no, porque el empresario siempre se debe encargar de darle el alta al trabajador’’. Trigo agregó que ‘’llama la atención que en otras provincias como Mendoza, La Rioja, Neuquén o Salta no se plantea la situación que ellos manifiestan en San Juan’’. En el próximo mes de agosto y hasta fin de año, los empleadores tendrán que pagar la tarifa sustitutiva correspondiente a la cosecha de uvas de este año, pero en la práctica, el acuerdo ya no rige para la próxima vendimia. ‘’Confiamos en que pueda solucionarse’’ dijo Garcés. Lo cierto es que en caso de no encontrarse una salida los productores tendrán que registrar a los cosechadores bajo el régimen común, lo que es más caro y dificultoso. Justamente el convenio de corresponsabilidad surgió como una forma de registrar en blanco a los cosechadores muy anhelada por el sector que debido a sus características temporarias, generalmente funcionó en negro, sin aportes. La ventaja de este régimen para los empleadores radica en que pagan las cargas patronales de un empleado rural a través de una tarifa sustitutiva que se fija cada año por cantidad de uva cosechada, canon que recién se paga después de vendido el producto.