En un hecho que no tiene precedentes, la provincia determinó a ciencia cierta cuántos juicios tiene y de qué se trata cada uno. Según un relevamiento oficial, actualmente el Estado es parte en 141.097 procesos judiciales y la mayoría son demandas contra personas o empresas que le deben al fisco por impuestos, multas y tasas de riego. Aunque todavía no se define cuánto es lo que implica en dinero la cantidad de litigios de contenido económico, el más cuantioso es el que se disparó por la expropiación del Parque de Mayo, que es motivo de una profunda investigación penal y que va casi por los 1.500 millones de pesos.
El dato es vital para el interés público. Pasa que saber en detalle la cantidad de juicios que afronta la provincia y el estado procesal de cada uno, le permite al poder político de turno hacer una planificación financiera de lo que eventualmente tendría que pagar en un ejercicio. Incluso, hasta se puede hacer una selección de los de más alto riesgo (son los que muy factiblemente se perderán), para ser más exacto en la previsión del gasto estatal.
El informe lo elaboró el área de Gestión Informática de la Fiscalía de Estado y es inédito. A pesar del valor estratégico que tiene la información para la administración de las arcas públicas, ninguna de las gestiones anteriores hizo un relevamiento de esta naturaleza y era impensado poder saber con exactitud la cantidad total de causas en las que interviene la provincia.
De los más de 140 mil juicios en trámite, el 95,9 por ciento corresponde a demandas ejecutivas que presentó el Estado contra los que no pagan sus obligaciones con el fisco. Y de ese lote, la gran mayoría apunta a morosos en materia impositiva (ver Infografía).
Contando el resto de las áreas del organismo, la que más procesos judiciales tiene es la de Inmuebles. Allí se tramitan todos las que son por expropiaciones, usucapiones o posesiones veinteañales que plantean particulares para quedarse con terrenos ajenos, desalojos de deudores del IPV y el Lote Hogar, recuperación de inmuebles del Estado y cobro de alquileres.
Entre los juicios que tiene en contra, la provincia arrastra 96 demandas por distintos accidentes protagonizados por empleados públicos mientras trabajan (en su mayoría, conductores de movilidades), 49 por mala praxis (el porcentaje más importante es de médicos) y 18 por muertes. Además, hay 50 por falta de pago del seguro de convivencia, 308 acciones de amparo (mayormente contra la OSP por la falta de prestación de servicios) y 346 amparos por las demoras de reparticiones de Gobierno en dar respuestas administrativas, lo que genera la aplicación de multas llamadas astreintes.
En el fuero Penal, hay 137 casos y son por denuncias del Estado y particulares contra agentes públicos, funcionarios y privados por la comisión de supuestos delitos. Entre ellos, está la conocida megacausa de las expropiaciones que impulsó el Ejecutivo por orden de José Luis Gioja, debido a las presuntas maniobras fraudulentas contra la provincia.
Los juicios que enfrenta la provincia están bajo la lupa desde hace tiempo y no únicamente por no conocerse la cantidad. Por negligencia de actores de la Fiscalía de Estado o por avivadas ajenas, en varias ocasiones le dejaron pérdidas millonarias a las arcas públicas (ver Polémicas).
Por ahora, no hay cálculos sobre lo que tiene a cobrar la provincia por vía judicial ni cuánto podría perder. Según el fiscal de Estado, Guillermo De Santis, “eso es parte de una segunda etapa que vamos a encarar dentro de poco”. Dijo que ya les encomendó el trabajo de determinar los montos en juego a Gastón Orzanco y David Pellarín, los dos profesionales que están al frente del área que armó la inédita base de datos con los juicios en marcha y que fue creada en junio del año pasado con esa misión.
Lo que se sabe, sin necesidad de esperar los resultados del futuro informe, es que el juicio que más plata involucra en la historia de San Juan es el de la expropiación del Parque de Mayo. Si se siguen las pautas que fijó en su fallo el titular del Juzgado Civil Nº 5, Carlos Macchi, la provincia debería pagar nada menos que unos 1.500 millones de pesos por 5 hectáreas. Sin embargo, el proceso está en plena investigación por presuntas anomalías y la sentencia del magistrado fue apelada por la Fiscalía de Estado.