El concejal Marcelo Illanes no sólo fue denunciado por amenazar a una vecina y golpear a un pasante municipal, sino que ahora será ejecutado en la Justicia por una multa que le impuso el juez de Paz de 9 de Julio. El magistrado castigó al edil con el pago de 2.000 pesos por el incidente que tuvo con la mujer y como se niega a desembolsar el dinero, mandó las actuaciones a Fiscalía de Estado para que lo demande en el fuero Civil. En el organismo dicen que en la historia reciente no recuerdan un hecho similar.
El accionar de Illanes trascendió las fronteras de 9 de Julio en enero, cuando su vecina María Cristina Ochoa lo denunció por haberla amenazado en una fuerte discusión que tuvieron por los chicos que jugaban a la pelota frente a la casa de ella. Por ese hecho, el titular del Juzgado de Paz del departamento, Juan Carlos Noguera, abrió una causa, recolectó testimonios, concluyó que el edil increpó e insultó a la mujer y le impuso una multa de 2.000 pesos por cometer una contravención contra la moralidad (ver aparte).
El concejal nunca cumplió y, a juzgar por sus propias palabras, no piensa hacerlo. ‘A mí me han aplicado una multa, pero no estoy dispuesto a pagarla… tengo diferencias con el juez de Paz, no me parece que esté actuando correctamente‘, le dijo hace poco a este diario en una entrevista.
Frente a la decisión de Illanes de desoír una sentencia judicial, Noguera envió el expediente a Fiscalía de Estado para que lo ejecute judicialmente. El procedimiento es sencillo: en base al certificado de ejecución donde consta la deuda, el organismo que defiende el patrimonio de la provincia le inicia un juicio al moroso en un juzgado Civil. El concejal no tendría otra opción que pagar si fuera condenado, al menos que se quiera exponer, por ejemplo, a que le embarguen el sueldo.
En la Fiscalía de Estado se sorprendieron cuando les llegó el certificado de ejecución. No por la naturaleza del reclamo, sino por quién es el protagonista y su actitud. Según dijeron en el organismo, no tienen ni recuerdan un caso de un funcionario público que se niegue a pagar una multa por una contravención.
Paralelamente, por las presuntas amenazas, contra Illanes hay en trámite un proceso abierto en la Justicia Penal, más concretamente en el Primer Juzgado Correccional. A su palmarés hay que agregarle dos denuncias más: una fue radicada en noviembre por un pasante municipal que fue golpeado por el concejal y la otra es más reciente y es impulsada por Ochoa por nuevas amenazas.
Illanes fue electo como concejal de 9 de Julio en 2007 por el basualdismo, aunque dice que después no tuvo más contacto con ese espacio y que ahora está más cerca del oficialismo. En su defensa rechaza las acusaciones de la mujer y si bien dice que al trabajador municipal le pegó dos cachetadas, asegura que lo hizo porque venía robando cosas del club.
El pasante se llama Alejandro Barroso y en el relato que le hizo a este diario contó que Illanes le asestó una patada por no haber lavado las camisetas de los jugadores. Pero eso no es todo. Aseguró que después de ese incidente, el funcionario se lo topó en la casa de un vecino y le volvió a pegar, esta vez lastimándole el ojo, lesión que aparentemente fue constatada por un médico legista. Mientras tanto, no se conoce que en la Justicia Penal haya novedades en ninguno de esos procesos. En Tribunales aseguraron que, hasta ahora, ni los denunciantes ni Illanes fueron llamados a declarar.