La Obra Social Provincia (OSP) depositó el jueves 2,7 millones de pesos para que las familias de 56 chicos afronten los gastos que demandó la contratación de cada uno de los Docentes de Apoyo para la Inclusión (DAI) durante marzo, abril y mayo. La decisión de la entidad obedece a la medida cautelar que sacó el juez Pablo Oritja, del Noveno Civil, quien dispuso la cobertura de la prestación hasta que resuelva el amparo presentado por la abogada Claudia Sarmiento, en representación de los padres y madres de los alumnos.
Ahora, con la información que aportaron las familias, se debe determinar cuánto dinero le corresponde a cada una, ya que hubo padres que pagaron la totalidad del sueldo del docente auxiliar y hubo otros que cancelaron una parte debido a que contaron con el subsidio que aporta el Ministerio de Desarrollo Humano. Esa definición comenzará a develarse la semana que viene.
La resolución de Oritja había salido hace dos meses, por lo que la abogada de las familias había señalado que la OSP se resistía a cumplir la orden judicial.
Además, salió otra cautelar, del juez Humberto Conti, que benefició a 44 chicos.