El Senado Nacional aprobó en la madrugada de ayer la ley de salud mental que reestructura los hospitales psiquiátricos del país y desalienta los ingresos de personas con problemas psicológicos. Prohíbe además "la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados".

Por su parte, la norma establece que los servicios de salud mental deben estar basados en la comunidad y sostiene que sólo se debe recurrir al ingreso de personas con padecimiento mental en "situaciones excepcionales y en hospitales generales". Además, reconoce la autonomía de las personas con padecimientos psicológicos y que, entre otras enfermedades, incluye las adicciones.

Los legisladores convirtieron en ley la iniciativa respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con 47 votos a favor y una abstención al cabo de un extenso debate en la Cámara alta, en la última sesión ordinaria del año.

Los artículos de la nueva ley indican que "la internación debe ser lo más breve posible" y en el marco de la autonomía que se le brinda a los pacientes, "la persona internada bajo su consentimiento podrá, en cualquier momento, decidir por sí misma el abandono de la internación".

El senador radical José Cano, titular de la comisión parlamentaria de salud, dijo que "el 80 por ciento de los internados (por problemas mentales) lo están desde hace más de un año y, en muchos casos, de por vida. Se trata de formular una ley que dé cuenta de un cambio de paradigma, que pase al paciente a ser un sujeto de derechos".

Otro de los puntos importantes es que la ley busca evitar al discriminación de los pacientes y establece además que el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud esté destinado a este sector sanitario de Argentina. Además, la propuesta consagra el derecho a una atención integral, comunitaria y gratuita, desalienta las internaciones indefinidas y promueve la creación de equipos interdisciplinarios de profesionales, capacitados y acreditados para atender la salud mental.

Para la senadora del peronismo disidente Sonia Escudero, esta ley "incorpora al derecho argentino los principios consagrados por las convenciones internacionales. Como el Estado nacional no tiene hospitales, las provincias deberán ajustar sus leyes locales a esta ley modelo que marca un nuevo paradigma de derechos humanos a personas con alguna discapacidad mental", resaltó Escudero y aclaró que "no se está buscando el cierre de hospitales neuropsiquiátricos, sino que no se abran nuevos".

Durante la sección hablaron las justicialistas Graciela Di Perna (Chubut), que cuestionó puntos del proyecto, al igual que Liliana Negre (San Luis). En cambio, se manifestaron a favor del texto Sonia Escudero, los oficialistas Beatriz Rojkes (Tucumán), Marcelo Fuentes (Neuquén), Daniel Filmus (Capital) y el neuquino Horacio Lores.