Después de la decisión del juez federal Claudio Bonadío de disponer el procesamiento del exjefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Víctor Hortel, y de otros miembros de esa institución por su responsabilidad en la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, representantes y dirigentes de instituciones vinculadas a los derechos humanos en la provincia señalaron que al magistrado todavía le falta investigar y procesar a otra persona. Apuntan contra la psicóloga Marta Ravasi, esposa de Olivera, quien habría tenido una importante responsabilidad en la evasión de su marido.

La jueza Margarita Camus, quien fue abogada querellante en el megajuicio de lesa humanidad y además fue víctima de los atropellos de los represores, dijo que “me parece bien la decisión del juez, pero falta investigar a otros actores, en particular a la esposa de Olivera”.

Con ella coincidió con su hermano, Eloy Camus, integrante de organizaciones de los derechos humanos y autor de un libro sobre las atrocidades de la dictadura en la provincia. “Está bien lo de Bonadío, pero no se ha ido contra Ravasi, que tuvo mucho que ver en la fuga”. El dirigente es, además, querellante en la causa que investiga el juez bonaerense.

Fernando Martínez, integrantes de la Agrupación Hijos, sostuvo que “nos parece bien la medida, porque la causa estaba parada, pero faltan dos cosas. Primero recapturar a los prófugos y después investigar a la mujer de Olivera”.

El juez federal Bonadío procesó a Hortel y a otros ocho directores y agentes del SPF, por el delito de delito de favorecimiento culposo de evasión, que tiene una pena de mes a cuatro años de prisión. También les trabaron embargo a cada uno de 10 mil pesos. El magistrado entendió que hubo un “obrar negligente” de parte de las autoridades del SPF, que favoreció la fuga de los represores.

Olivera y De Marchi se fugaron del Hospital Militar Central Cosme Argerich, en Capital Federal, el 25 de julio pasado, luego de haber sido trasladados desde la cárcel de Chimbas al Penal de Marcos Paz, y desde esa prisión fueron llevados al centro asistencial para realizarse estudios médicos pero, aprovechando algunas irregularidades en el sistema de control, se terminaron escapando.

La sospecha es que Ravasi fue quien pidió los turnos médicos para que Olivera y De Marchi se hicieran atender en especialidades tales como dermatología y psiquiatría, que podrían haber sido motivo de consultas en San Juan. La mujer era psicóloga en el centro asistencial pero, además, tenía un consultorio que el día de la fuga estaba cerrado y que no pudo ser revisado por el personal encargado de los controles porque la única que tenía la llave era ella.

Antes de estos hechos, Ravasi publicitó su férrea defensa a la actuación de su marido y otros represores, a los que calificó como “patriotas” por su actuación en la última dictadura. Los describía como “presos políticos” después de haber ganado una “guerra”.

En el expediente judicial al que tuvo acceso este diario, iniciado tras el espectacular escape de los represores, aparecen gruesas fallas en la seguridad de los exmilitares fugados. Por ejemplo, la falta de cámaras de video; la no existencia de control, humano o tecnológico, a una salida del edificio; la carencia de vigilancia a los detenidos, quienes circulaban sin estar esposados y la extraña coincidencia de que hubo una oficina cerrada durante el escape, precisamente la de Ravasi. Además, un testigo del centro asistencial reconoció en su testimonio que uno de los accesos al hospital “no cuenta con ningún tipo de control”.