La gestión uñaquista había puesto todas las fichas para que no más allá de marzo estuviera listo el procedimiento de flagrancia, el sistema de enjuiciamiento exprés para los delincuentes que son atrapados con las manos en la masa. Sin embargo, la fecha oficial se verá retrasada debido a demoras por parte de la Corte de Justicia.
En el Gobierno no quieren hablar del tema pero se nota el malestar que la demora ocasiona, ya que han puesto todo a disposición.
No sólo no se hizo nada, tampoco se ha diseñado el sistema informático especial que se empleará y mucho menos se ha previsto la compra del equipamiento. En un programa radial, el secretario Administrativo del máximo tribunal, Javier Vera, dijo que el proyecto se implementará en el primer semestre del año que viene.
Desde el inicio de la gestión, en el Ejecutivo encararon con fuerza y decisión política la puesta en marcha del procedimiento de flagrancia. La apuesta es para que a través de un juicio rápido y ágil, en el que se respeten las garantías de la ley (Ver aparte), los implicados sorprendidos cometiendo un delito sean condenados y no acumulen causas sin resolver que impliquen que entren por una puerta y salgan por otra.
Una muestra de la convicción del oficialismo quedó plasmada en junio cuando entró el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Luego de aportes de funcionarios judiciales y correcciones de la oposición, la iniciativa se aprobó en agosto.
La Corte asumió el compromiso y el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, había manifestado que el objetivo es que no pasara de marzo. Pero los tiempos no dan, vislumbran en el Ejecutivo. Desde el máximo tribunal se encargaron de comprar el inmueble donde funcionarán los juzgados, las fiscalías y las defensorías, pero la búsqueda hasta ahora no ha arrojado resultados.
60 Es el porcentaje de causas que se calcula que dejarán de estar en los juzgados de Instrucción y en los correccionales (en menor medida) debido a la creación del fuero de flagrancia.
Y el cuestionamiento radica en que desde el oficialismo inclusive se ofreció la posibilidad de expropiar un terreno si era necesario y aún así no se ha avanzado.
En el mismo Poder Judicial y el Ejecutivo analizan que si el edificio se adquiriera en estos días, los plazos que demandaría la remodelación superaría el límite de marzo.
Y la crítica también apunta a lo que definen como “falta de previsión”. Es que señalan que aún no hay novedades del sistema informático que necesitará el procedimiento. Sucede que es necesario un programa especial, que hoy no tiene el Poder Judicial, que tome la denuncia que entra en una comisaría y que inmediatamente llegue a las fiscalías, cuyos titulares serán los encargados de investigar.
Y que además, después puedan tener acceso los jueces. Luego, internamente, tiene que estar conectado con la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), en donde tiene que almacenar las causas y tipos de delitos que entran y manejar la información de las fiscalías de turno y las fechas de audiencias por ejemplo.
Como ejemplo de la falta de planificación, una fuente indicó que aún no se han comprado las computadoras para el trabajo de los empleados. Y que la demora en conseguir el inmueble ha llevado a que no se haya preparado el tema de los concursos.
El Consejo de la Magistratura debe llamar a cubrir los cargos para los funcionarios judiciales y la Corte debe realizar el mecanismo interno para el resto del personal, lo que insumirá más tiempo.
El mecanismo
Rapidez
El procedimiento establece que no podrán pasar más de 17 días hábiles desde la detención del sospechoso hasta la celebración del juicio y la sentencia. El sistema implica un cambio radical, ya que en el proceso actual suelen pasar meses hasta que se realice un debate.
Delitos
El mecanismo se aplica a quienes cometan un delito doloso cuya escala penal máxima no supere los 15 años. Así, comprende a los robos simples y agravados y están fuera los homicidios. De los delitos correcionales sólo entra el hurto y por otro lado, no contempla a los ataques sexuales.
Alternativas
El sistema prevé, durante las audiencias, mecanismos alternativos si las partes así lo acuerdan. Uno de ellos es la suspensión de juicio a cambio de realizar tareas comunitarias. Otra es el mecanismo de juicio abreviado, en el que el imputado reconoce el hecho a cambio de una rebaja en la pena.