Violencia psicológica, amenazas constantes de sanción e insultos de todo tipo, no sólo a puertas cerradas sino también en las audiencias, con la presencia de abogados externos al juzgado. Incluso, las fuentes consultadas aseguraron que llegó a usar un silbato para tratar a su personal. Ese es el grado de maltrato que empleados judiciales expusieron ante la Corte de Justicia contra la titular del 7mo Juzgado Civil, María Elena Videla. Por la gravedad del asunto, el máximo tribunal decidió abrir un sumario para investigar lo expuesto por la mayoría del personal, ocho de once empleados. De confirmarse los hechos, la Corte puede suspender sin goce de haberes a la magistrada, pero también puede concluir en un Jury de destitución.
Según explicaron fuentes oficiales, los malos tratos dentro del juzgado a cargo de Videla, datan de entre seis meses y un año atrás, pero hasta el momento el personal nunca se había animado a hacer la denuncia. Lo que incentivó a los trabajadores del 7mo Civil es que los insultos se incrementaron durante el segundo semestre del año pasado, luego de que la Corte le llamara la atención a la magistrada por la demora dentro de su juzgado.
En esa oportunidad, una auditoría interna llevada adelante por la nueva Dirección de Planificación, Control de Gestión y Estadísticas de la Corte, en los ocho juzgados civiles y seis laborales, arrojó que cuatro de ellos estaban mal, con causas muy atrasadas. Uno de esos juzgados fue el de María Elena Videla, con más de cien expedientes sin resolución. Es más, la evaluación hecha por la dirección no sólo abarcó el área administrativa, sino que también dejó observaciones sobre el clima laboral reinante dentro del juzgado. En el informe se plasmó que existía temor del personal al trato que regularmente recibía por parte de la jueza y describía que había conductas “que serían inapropiadas”. Con ese expediente, la Corte advirtió a la magistrada, pero en vez de cambiar el trato entre la autoridad y los empleados, la situación se agravó, según explicaron las fuentes.
La denuncia del personal fue presentada en diciembre y el inicio del sumario se definió esta semana. Es más, la jueza Videla fue notificada ayer de la resolución de la Corte, situación que derivó en otro escándalo dentro del 7mo Civil. Las fuentes indicaron que la magistrada decidió echar a uno de los ocho empleados que firmó el documento, por ser parte del gremio que nuclea a los trabajadores judiciales.
Sobre los hechos, Sebastián López, titular del sindicato Unión Judicial, gremio que acompañó a los trabajadores con la firma del documento, manifestó que “la situación es insostenible. En estos casos los empleados tiene miedo de denunciar por las represalias que puedan surgir. Siempre apostamos al diálogo, pero es clave que el personal haga la denuncia”.
Por su parte, Guillermo De Sanctis, ministro de la Corte, evitó opinar sobre el asunto, pero confirmó que ya se ordenó el sumario contra la magistrada y que la misma fue notificada. Además, explicó que es inminente la apertura de la investigación, estimó que dudará un par de meses y que se van a tomar todas las pruebas del caso para “garantizar el derecho de defensa, como corresponde. Luego del resultado de las investigaciones, se evaluará las medidas a tomar”, manifestó.
A su vez, las fuentes tildaron el hecho como inusual, muy grave y no descartan que la jueza Videla se aparte durante el periodo que dure la investigación o pueda ir más allá y opte por el beneficio de la jubilación, ya que contaría con la edad suficiente para hacerlo.
Reunión de la Corte por temas clave
Ayer, el cuerpo en pleno de la Corte de Justicia mantuvo una reunión de acordada donde avanzó en diferentes temas que facilitarán el servicio de justicia.
Uno de los puntos centrales fue la notificación electrónica para los letrados, medida que comenzará a regir a partir del primero de marzo. Si bien ayer ese punto no quedó firme, fue discutido y las fuentes consultadas aseguraron que será firmado la semana que viene.
Otro de los temas fue la implementación de un sistema de gestión asociada para que tres juzgados de Paz de la provincia se encarguen exclusivamente de las ejecuciones fiscales del Gran San Juan sin importar monto. Es decir, analizarán y resolverán entre 25 mil y 40 mil causas por año que manda Fiscalía de Estado de la provincia.
Por último, y no menos importante, es la puesta en marcha de una registro de Violencia Doméstica el cual servirá para que los jueces y fiscales conozcan al instante los antecedentes de maltrato hacia las mujeres por parte de un agresor, tomar medidas preventivas y así proteger a las víctimas.
El mecanismo, que incluye un software propio de la Justicia, también servirá para conformar un mapa de ese tipo de delitos.