Salvo los que tienen un Convenio Colectivo de Trabajo, el resto de los intendentes sigue la misma pauta salarial para los empleados municipales que el Gobierno aplica para los trabajadores de la administración pública. Sin embargo, con el último aumento que otorgó la gestión uñaquista a través de una cláusula automática de actualización debido a la disparada inflacionaria, muchos de ellos entraron en un estado de incertidumbre. En un relevamiento de este medio con nueve jefes comunales, la mayoría señaló que está evaluando entregar el último incremento del 12,4 por ciento y, a la vez, que tal estudio implica pedirle una ayuda económica a la provincia. En ese marco, la ministra de Hacienda, Marisa López, puso, por ahora, un freno al señalar que "cada intendente decide sus propios acuerdos salariales en función de su recaudación, que tiene que ver con la coparticipación y los recursos propios. No necesariamente tienen que ir en la línea del Ejecutivo".
Pese a las definiciones de la ministra, ha habido ocasiones en que el gobernador Sergio Uñac tomó la decisión política de destinar un aporte a las comunas a través del Fondo de Emergencia Municipal (FEM). Se verá en esta ocasión. El Ejecutivo provincial les dio a los estatales un aumento del 12,4 por ciento, el cual se computó sobre los salarios de agosto, lo que implica un impacto real del 21,8 por ciento y una suba salarial de casi el 98 por ciento en lo que va del año.
A la hora de aplicar el incremento municipal, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, señaló que "lo vamos a estudiar. En la medida en que contemos con los recursos, hacemos frente a los aumentos que se disponen desde provincia". Sobre pedirle ayuda al Gobierno, indicó: "Seguramente va a ser una de las opciones y lo evaluaremos. Pero tenemos que verlo también". Fabián Gramajo, de Chimbas, también explicó que el tema está bajo análisis y que, en el caso de otorgar una nueva suba, "dependemos de la ayuda de la provincia".
El bloquista Jorge Espejo, de Iglesia, manifestó "vamos a ver si llegamos" y "a tratar de estar lo más cerca posible de esta mejora en los salarios y gestionando los recursos ante la provincia también". A su vez, Mario Martín, de Sarmiento, destacó que "ayer (por el miércoles) estuve con el secretario de Hacienda de la provincia y hemos coincidido en esperar los tiempos que determine nuestro gobernador para decidir qué es lo que vamos a hacer".
Cristian Andino, de San Martín, expresó que "hay que sacar los números, la situación no es fácil", a la vez que reconoció que, "con la ley de coparticipación municipal, debemos manejarnos con nuestros recursos. En el caso que no alcancemos los números para poder entregarlo, lo plantearemos como una posibilidad", en referencia a un auxilio del Ejecutivo. Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo, indicó que "no he tenido ninguna reunión todavía con la gente de Hacienda de la provincia a ver cómo se va a manejar". Así, admitió que un nuevo aumento "seguro que nos va a complicar las finanzas" y que "si el Gobernador tiene recursos nos va a dar una ayuda. Si no, trataremos de resolverlo con nuestros propios fondos".
Por su lado, Jorge Castañeda, de Calingasta, dijo que "está un poco complicada la economía, pero vamos a hacer los esfuerzos necesarios para poder cumplir" y que "estamos analizando si tenemos que recurrir a la provincia". Armando Sánchez, de Pocito, señaló que "estamos con las arcas que no sobra ni un centavo, he charlado con algunos intendentes y realmente necesitaríamos oxígeno de la provincia. No hemos hablado con el Gobernador todavía". El que sí aseguró que dará el incremento es Leopoldo Soler, de Ullum. "No solemos pedir ayuda económica al Gobierno. Si la hay, siempre es bienvenida".
Poder Legislativo
El vice y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, siempre ha resaltado que siguen la pauta salarial de la provincia en cuanto al aumento de haberes para los trabajadores legislativos. Según explicó, son cerca de 300.
Poder Judicial
En la Corte de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, también vienen replicando el esquema
salarial acordado por el Gobierno. En ese marco, cuentan con 1.900 personas, entre magistrados, funcionarios y empleados.