La Policía Judicial, un cuerpo de efectivos especializados en investigación de delitos, sigue en el freezer. A pesar de que hace más de un año la administración giojista anunció su puesta en marcha para mejorar la seguridad, hoy ni siquiera se conoce un plan concreto para ponerla a rodar. En Casa de Gobierno, indirectamente, hicieron responsable a los miembros de la Corte de Justicia. Según el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, ante la falta de recursos para costear la nueva fuerza, en 2008 mandaron a Tribunales un proyecto alternativo que no insume mayor presupuesto y todavía no obtuvieron respuesta. DIARIO DE CUYO intentó hablar del tema con el máximo tribunal, pero no dieron explicaciones.
La Policía Judicial es considerada por la mayoría de los actores del sistema penal un paso vital para mejorar la efectividad de la Justicia y ayudar a la seguridad (Ver Opiniones). Se trata ni más ni menos que de una estructura de efectivos policiales que dependen del Poder Judicial, que se dedican únicamente a investigar delitos y que aportan evidencia clave para esclarecer los hechos.
En la teoría, fue creada por la Constitución de 1986 y a pesar del consenso que despierta, inclusive en el espectro político, es letra muerta. La principal razón que han dado los distintos gobiernos es la económica: aseguran que no hay plata para pagar el gasto que generaría la nueva estructura policial.
El 11 de julio de 2008 fue cuando la posibilidad de implementarla pareció estar más cerca. Después de una ola de crímenes que causó revuelo, el gobernador José Luis Gioja anunció un paquete de medidas e incluyó a la Policía Judicial. Comisionó a Fernández para trabajar en la iniciativa junto a los integrantes de la Corte y así todo, a juzgar por los hechos, no hubo avances.
En el Ejecutivo afirmaron que armaron una alternativa que no implica recursos extra. Fernández contó que el año pasado le propuso a la Corte de Justicia una Policía Judicial interina, hasta conseguir la plata para armar una nueva debidamente capacitada. Estaría conformada, explicó, por "los 200 o 300 policías que hoy son auxiliares de la Justicia", que pasarían a estar bajo las órdenes del Poder Judicial y el Ejecutivo les seguiría pagando el sueldo.
Sin embargo, a pesar de que al menos en la coyuntura se remueve el escollo presupuestario, el ministro de Gobierno aseguró que "la Corte todavía no nos contestó". "Me dijeron que lo iban a analizar", agregó el funcionario giojista.
La Constitución dice que la instrumentación de la fuerza es un resorte del máximo tribunal, es decir no se puede obviar su opinión. Desde este diario hubo intentos por dialogar con los cortistas, pero fueron infructuosos.
La falta de respuesta que enuncia el Ejecutivo contrasta con los dichos de la Corte, al menos, públicamente. Cuando era presidente, Adolfo Caballero, opinó que la Policía Judicial no se podía postergar y en 2005, su par Juan Carlos Caballero Vidal viajó a Córdoba para estudiar ese modelo.
El plan supone un cambio importante. Con la nueva fuerza dedicada a los delitos penales, la policía actual se dedicaría exclusivamente a la prevención. Además, a largo plazo el Poder Judicial debería designar fiscales en las comisarías para que encabecen la investigación junto a la Policía Judicial, aunque éste último punto se anunció muchas veces y también está congelado.