Si sorprendía que se haya abierto una causa judicial por unos graffitis de campaña electoral, mucho más el final de la historia. En una resolución inédita, una funcionaria pública le tendrá que pagar una suma de dinero a un vecino por las pintadas que aparecieron en el frente de su casa. La protagonista de la historia es Susana Altamirano, una concejal justicialista de 9 de Julio que está cerca de terminar su mandato y cuyo nombre apareció escrito con aerosol en distintos lugares del departamento con aires proselitistas. El afectado se hizo cargo de repintar y la mujer le debe depositar mañana los 1.500 pesos que se gastó.
La situación llama la atención no por el monto, que es menor, sino porque los casos como éste suelen quedar en la nada. De hecho, en el Poder Judicial dijeron que no recuerdan que un funcionario público o un candidato se haya visto obligado a pagar por ensuciar una propiedad privada con tal de hacer proselitismo.
La verdad es que los autores de las pintadas indiscriminadas casi siempre quedan impunes. Salvo algunas multas que se impusieron en Capital, nunca son sancionados y los espacios que son víctima del aerosol se multiplican sin límites en épocas de campaña.
Lo de 9 de Julio se remonta a mayo, cuando edificios municipales, casas, cordones, un kiosco y hasta una gruta amanecieron con una leyenda que decía +Susana Altamirano 2015+. La mujer pretendía postularse a un importante cargo departamental y no dudó en señalar a sus colaboradores por los hechos. Ante ese panorama, dos vecinos que se vieron afectados, Oscar Tapia y Elio Luna, presentaron denuncias por separado en el Juzgado de Paz de 9 de Julio, a cargo de Juan Carlos Noguera.
El juez condenó a la edil a repintar personalmente las propiedades privadas y pagar una multa de 4.700 pesos en cada caso, pero ella apeló. Antes de que el planteo fuera elevado a la Cámara de Paz, Altamirano pidió una audiencia y Noguera se la concedió.
Fue una especie de conciliación, para intentar reparar el daño sufrido por los vecinos. Como a esa altura la edil ya había mandado a pintar el portón de Tapia, el hombre se declaró conforme y desistió de seguir el proceso. Con Luna, en cambio, la historia fue otra.
A Luna le hicieron graffitis en una pared de su casa y el portón y mientras la causa se sustanciaba, decidió no esperar y repintó él mismo. En la audiencia expresó que le parecía justo que le devolvieran la plata que gastó, Altamirano aceptó y el juez avaló el acuerdo. Conclusión: la concejal asumió implícitamente la responsabilidad y se comprometió a darle al vecino los 1.500 pesos que tuvo que poner de su bolsillo por una infracción ajena.
Si la edil no pagara, se expone a pasarla peor. El juez daría por fracasada la audiencia, elevaría la causa a la Cámara y si Altamirano fuera condenada, podría ser demandada después por Tapia en el fuero Civil por un monto más abultado. Con el acuerdo, se subsana el perjuicio provocado en bienes de particulares. Pero está por verse qué pasará con la multa de 4.700 pesos por violar una disposición del Código de Faltas (Ver recuadro).