Por entender que hay elementos sospechosos, el fiscal Daniel Guillén pidió que se abra la instrucción de una causa por el uso de combustible por parte de la gestión municipal de Angaco. Así, la denuncia que presentaron los concejales opositores contra la gestión del intendente José Castro da el primer paso formal para convertirse en una investigación penal. La presunción es que la cúpula comunal gastó más de 20 mil pesos en nafta y gasoil para vehículos particulares de funcionarios y empleados.
El planteo del fiscal es clave, ya que es el dueño de la acción y sin su impulso no sería posible poner la lupa judicial sobre los hechos denunciados. Su pedido debe ser analizado ahora por el juez del caso, para resolver si le hace lugar e inicia formalmente una causa penal o si, por el contrario, lo desestima.
La denuncia la presentaron los ediles radicales Sandra Escuela y Alberto Fernández el 16 de agosto, quienes explican en su presentación que entre los meses de abril, mayo y junio, un grupo de ocho personas que desarrolla funciones en el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante utilizó 615 litros de nafta y 365 de gasoil, por un total que equivale a 19.266,96 pesos. El problema es que las unidades no pertenecen al municipio, sino que son propiedad de los funcionarios.
Entre los que cargaron fluido en una estación de la avenida Rawson que es proveedora del municipio se encuentran el presidente del cuerpo deliberativo, Mario Pacheco; y el secretario de Planificación e Infraestructura, Américo Martínez, además de otros funcionarios.
El delito de fraude que está en juego es excarcelable como todos los que se cometen contra las arcas del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Significa que si hay condenados por el caso, no cumplirían una pena de prisión de manera efectiva.