Los directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) le pidieron a la fiscal de la causa, Teresa Ravetti, que el juez Maximiliano Blejman investigue y cite a indagatoria a los prestamistas que aportaban fondos a la entidad por la sospecha de que cometieron el delito de usura. En la mira, aunque todavía no hay fecha para ese trámite, están Jorge Lecich, apoderado de la empresa SAMY SRL y dirigente político vinculado al basualdismo, y Juan Antonio Ortega, un empleado de la Escuela Industrial.
Ante el riesgo de que pudieran quedar detenidos, ambos presentaron una eximición de prisión, según dijeron fuentes de la investigación.
Las maniobras tienen origen en que la organización, como estaba fuertemente endeudada e incluso con dificultades para pagar los sueldos al personal, habría recurrido a pedirles dinero prestado a personas o empresas. Las operaciones se hacían con cheques al portador, que luego circulaban en la plaza financiera, a cambio de dinero fresco. El problema era, y ahí estaría el delito, que quienes prestaban el fondos cobraban una tasa de interés muy por encima de las que exigen las entidades crediticias.
Lo que investigará el juez Blejman es la usura, un delito previsto en el artículo 175 bis del Código Penal, que consiste en que una persona, aprovechándose de la necesidad de dinero de otra, le presta dinero pero cobrándole intereses o ventajas "desproporcionadas".
Según los registros de la Mutual, hasta el momento a las cuentas de la organización han ingresado 23 cheques que estaban en poder de los prestamistas por 1.036.090 pesos. De ese monto, a nombre de Lecich hay cheques por 790.270 pesos, mientras que a nombre de Ortega figuran valores por 154.870 pesos.
Lecich es un abogado vinculado al basualdismo que ocupa el cargo de secretario del bloque de Producción y Trabajo desde 2005 y es docente de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Ortega se desempeña como empleado de unos de los colegios de la casa de estudios.