El Tribunal en lo Criminal Federal de San Juan decidirá hoy la situación de los imputados Alejandro Lazo y Horacio Nieto, quienes hasta ahora están con prisión domiciliaria por razones de salud y de edad, al ser mayores de 70 años, dos de los seis imputados en el megajuicio que empezó ayer por delitos de lesa humanidad ocurridos en la provincia durante la dictadura militar. El pedido es para que sean derivados al Penal de Chimbas, al igual que los otros acusados.
El planteo de la fiscalía, junto con los abogados querellantes, fue que se disponga la captura de otros 7 imputados que están prófugos de la Justicia. Se trata de Juan Del Torchio, Eduardo Cardozo, Carlos Malatto, Gustavo de Marchi, Jorge Páez, Eduardo Vic y Juan Coronel. Aún cuando fueran detenidos, no estarán sometidos a este proceso.
Los otros 4 acusados son Jorge Olivera, Osvaldo Martel y Rolando Gómez, todos detenidos en el Instituto Penal de Chimbas, mientras que el sexto es el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, con prisión domiciliaria en Córboba, donde reside uno de sus hijos, por razones de enfermedad.
Incluso por esta situación la primera audiencia empezó un poco más tarde de los previsto, en el primer piso del ex Banade, porque esperaban la comunicación por el sistema de videoconferencia con la Cámara Federal de Córdoba, donde estaba Menéndez. El acusado pidió no seguir las instancias del juicio y que sea representado por su abogado defensor, Eduardo San Emeterio.
La primera jornada fue ocupada en su totalidad, por poco más de 3 horas, en la lectura de la elevación de la causa a juicio del caso de María Ana Erize, una joven con doble nacionalidad, argentina y francesa, que desapareció luego de que un grupo de tareas del Ejército la secuestrara de la puerta de una bicicletería, el 15 de octubre de 1976. La buscaban por su militancia en la Agrupación Montoneros.
Erize es una de las 3 víctimas de la causa. Las otras dos son Daniel Russo, que fue herido cuando fue a buscar la bicicleta que había dejado la joven en reparación y que falleció luego de 4 días de agonía en el Hospital Rawson, donde fue torturado a pesar de su estado, según consta en la causa. El tercero es Juan Carlos Cámpora, que era el propietario de una casa en la que se alojó Erize y que desapareció cuando fue a una consulta médica y nunca más se supo de él.
En la lectura se describió cómo funcionaba el aparato represivo en San Juan con centros de detención y tortura que funcionaron en la Central de Policía, La Marquesita, el RIM 22, el Penal de Chimbas y la Alcaidía de Mujeres.
En los procedimientos participaban móviles del Ejército, casi siempre de noche, y sin órdenes de allanamiento. Reducían a las víctimas, les vendaban los ojos y las encapuchaban para trasladarlas a los centros de detención.
El principal elemento de tortura utilizado era la picana eléctrica, con la víctima maniatada a la parrilla, como le llamaban a un elástico de una cama sin colchón.
El objetivo de las sesiones de tortura era obtener información como nombres de los compañeros de militancia y sobre todo sobre los lugares de reunión.
Luego del ex jefe del RIM 22, Juan Bautista Menvielle, ya fallecido, la persona a la que se le atribuye la mayor responsabilidad en los operativos es a Olivera, en su condición de jefe de Inteligencia de la unidad militar. Coordinaba los operativos y hasta se hizo pasar por alumno en la Universidad para conocer el movimiento de los estudiantes.
En el caso de Erize, según figura en la causa, le imputan haber torturado y violado a la joven e incluso se jactaba con Cardozo de su accionar ante los subordinados.
El delito que les imputan a los acusados en esta causa es el de violación de domicilio y homicidio agravado con alevosía, que tiene una pena de reclusión perpetua.
El Tribunal está integrado por los jueces Héctor Fabián Cortéz, que es el presidente, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade.
Los fiscales son Mateo Germán Bermejo y Dante Vega. Por la parte querellante participan Violeta Correa, Roberto Scherbosky, María Julia Camus, Margarita Camus, Jorge Toro y Fernando Castro.
Por las defensas actúan Maximiliano Páez Delgado, quien lo hace en representación de Lazo, Gómez y Nieto. De este último también es codefensor San Emeterio, quien también representa a Menéndez. El defensor oficial de Mendoza, Daniel Eduardo Pirrello, representa a Olivera y a Martel.
Las audiencias continuarán hoy, a partir de las 9, en el entrepiso del Rectorado.