El fiscal que investiga a Juan Pablo Ortega en la causa por presunto tráfico de influencias pidió que el funcionario judicial sea detenido.
Ahora el juez de Garantías Andrés Abelín Cottonaro debe decidir si hace lugar o no a ese planteo efectuado anoche a última hora, por el fiscal Francisco Micheltorena, que actúa bajo la coordinación de Adrián Riveros, ambos de la UFI Delitos Especiales.
Durante dos años, que incluye su tarea en la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio, Juan Pablo Ortega utilizó 27 celulares con su tarjeta SIM. Semejante cantidad no es normal para ningún usuario de teléfonos, salvo para aquellos que estén vinculados a un delito. Por eso, en la Unidad Fiscal Delitos Especiales sospechan que el funcionario judicial habría desplegado tal maniobra para evitar el registro de sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería como Whatsapp en el marco de un tráfico de influencias.
Ortega será imputado por dicha conducta delictiva al, supuestamente, armarle una causa de abuso sexual a un hombre. En ese escenario, también estarán en la mira los restantes eslabones: otras dos funcionarias judiciales, la esposa y una amiga de Ortega, además de una abogada que es de su círculo de confianza. Así, les endilgarán a los cuatro, además, la conformación de una asociación ilícita, el ejercicio ilegítimo de la profesión y la violación de los deberes de funcionario público, aseguraron fuentes judiciales.
La investigación arrojó que Ortega uso 27 celulares con su tarjeta SIM, aunque aún no se ha determinado con quién o quiénes se comunicó. No obstante, representa un fuerte indicio dado que se trataría de una conducta propia del tráfico de influencias, indicaron las fuentes.
Todo comenzó el 20 de enero de 2021, cuando una mujer denunció a su expareja por el supuesto abuso sexual de la hija de ambos. Según consta en el expediente, la denunciante se pudo contactar con Ortega (por entonces, uno de los coordinadores de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces) debido a que familiares de ambos tienen lazos de amistad. Fue así que el funcionario judicial le recomendó una abogada amiga, Sandra Cozzi, para que tramitara el expediente. Pero no quedó en una simple sugerencia, ya que de la investigación se desprende que Ortega se habría encargado de la confección de escritos que la profesional recibía vía mail y firmaba y presentaba en la Unidad Conclusiva de Causas. Inclusive, Cozzi le habría enviado al menos uno de ellos para que lo revisara.
Ortega también es amigo de la jefa de la Unidad Conclusiva de Causas, Claudia Elizondo, y está casado con la subjefa Belén Rodríguez. Según las fuentes, el funcionario judicial hizo valer su influencia y contacto con ambas, a quienes les habría dado instrucciones para que se le diera una tramitación rápida a la causa y beneficiosa para la denunciante. Por ejemplo, la pericia oficial reveló que la menor no presentaba ningún rastro de abuso sexual, pero, tras el planteo de Cozzi y la presunta intervención de Elizondo, se logró que pudiera realizar un análisis psicológico la licenciada Delia Sobrero, conocida de Ortega a través de la Escuela de Capacitación Judicial que este dirigía.
La defensa del hombre denunciado cuestionó la designación de la perito privada, lo que fue rechazada por el juez interviniente en base un proyecto de resolución redactado por Elizondo, dijeron las fuentes. El defensor apeló y se concedió la medida, aunque la causa, ya en manos de Rodríguez, esposa de Ortega, nunca fue enviada a la Cámara de Apelación. Además de ese punto, Fiscalía tuvo en cuenta que la psicóloga Sobrero le envió a la subjefa de la Unidad Conclusiva sus datos personales para ser incorporada como perito de parte cuando aún no se había resuelto el cuestionamiento de su designación.
Pese a las presuntas maniobras, el juez Eduardo Raed le dictó falta de mérito en la causa por abuso sexual al hombre denunciado, quien llevó adelante la acusación contra Ortega y varios empleados. Además, tramitó en un Juzgado de Familia la revinculación con su hija y la consiguió.
Por otro lado, las pericias informáticas indicaron que Ortega y Cozzi compartieron sus celulares y que el funcionario judicial y Elizondo hicieron lo mismo.