La Fiscalía de Estado tiene listo un escrito que piensa presentar el lunes en la megacausa de las expropiaciones, para que se llame a declarar a Carmen Arévalo del Del Bono. La mujer es la titular de la entidad de beneficencia San Vicente de Paul, supuestamente fue engañada por el abogado Santiago Graffigna en la venta de derechos sobre terrenos expropiados y para compensar el daño, éste último accedió hace poco a entregarle una suma de dinero que no trascendió. En el organismo que dirige Guillermo De Sanctis presumen que la plata proviene de juicios en los que se cometieron irregularidades y quieren que se investigue la transacción.
El planteo de la Fiscalía de Estado va dirigido a la jueza de la megacausa de las expropiaciones, María Inés Rosellot, que está investigando si en algunos juicios se cometieron maniobras fraudulentas para que la provincia pague de más por terrenos que adquirió para hacer obras (por ejemplo, Cuesta del Viento y Parque de Mayo). El proceso se disparó por una denuncia que realizó la gestión giojista en el año 2010, al presumir que abogados, peritos, empleados del Estado y jueces articularon acciones para inflar el valor de los inmuebles que fueron expropiados.
Además de la declaración en calidad de testigo a Arévalo de Del Bono, la Fiscalía de Estado pide la misma medida para Ulises Morales y Fabián Gómez Bravo. Los dos son abogados de la institución y estuvieron presentes en el acuerdo confidencial al que arribaron la mujer y Graffigna, que ahora despierta sospechas en el organismo que defiende los intereses patrimoniales de la provincia.
Los nuevos hechos sobre los que el organismo puso la mira derivan de juicios de expropiación de terrenos que originariamente eran de San Vicente de Paul y que hoy son objeto de investigación en la causa, debido a que el Estado tuvo que desembolsar montos irrazonables a partir de presuntas acciones fraudulentas (ver recuadro). Uno es conocido como el caso Ruiz Guillermo y el otro como Suraty.
En el primero, San Vicente de Paul le cedió los derechos del inmueble a Ruiz Guillermo, quien patrocinado por Graffigna inició en 2001 el juicio contra la provincia porque nunca se pagó la expropiación que se hizo para abrir una calle y construir veredas. En el segundo, la institución le vendió el 65 por ciento del juicio, que ya estaba en marcha, a Suraty y el 35 por ciento a una mujer llamada María Celina Infante.
Arévalo del Del Bono ya declaró en la causa y dijo oportunamente que firmó las cesiones de derechos por consejo de Graffigna, que terminó siendo el abogado de Ruiz y Suraty. Y señaló que había sido engañada en su buena fe. Pasa que la institución recibió apenas 2 mil pesos de Ruiz por los casi 1.500 metros cuadrados del terreno y la expropiación que piloteó el abogado se pagó nada menos que a 25 millones de pesos. Mientras que la operación se Suraty se hizo por 10 mil pesos a pesar que ya había sentencia favorable de la Justicia Civil por casi 1,2 millones.
Luego de que el supuesto engaño saliera a la luz, en junio de este año, con la declaración de Arévalo como testigo en la megacausa, Graffigna y la mujer se sentaron a tratar de buscar una salida que repare el daño económico que sufrió San Vicente de Paul. Según fuentes calificadas, el abogado se comprometió a entregarle a la institución parte del dinero que cobró por los dos juicios de expropiación. Aunque no trascendió la suma, porque firmaron una cláusula de confidencialidad que les impide darla a conocer.
Justamente la confidencialidad fue la que llamó la atención de De Sanctis. Por eso, en el escrito le pide a la jueza de la megacausa que si Graffigna le transfirió a San Vicente de Paul una suma dineraria, que se disponga el secuestro de la misma por tratarse “de efectos de delitos que se hayan bajo investigación”.
En la Fiscalía de Estado hay sospechas adicionales. Fuentes del organismo aseguraron que hay dudas no sólo por el acuerdo, sino también por la cesión de los derechos que firmó Arévalo de Del Bono. Y no descartaron pedir a futuro que sean llamados a declarar en la megacausa los restantes miembros del Directorio de San Vicente de Paul, para saber si estaban al tanto de las operaciones.