El personal que cumplió tareas en el Quinto Civil bajo las órdenes del juez Carlos Macchi quedó en la mira del fiscal José Mallea. Fuentes calificadas aseguraron que le pidió ayer al Tribunal que lleva adelante el juicio contra el magistrado que se los investigue y se le hagan pericias caligráficas a los empleados y funcionarios del Juzgado. Lo que se busca es establecer si alguno de ellos realizó una burda corrección en una providencia del expediente Parque de Mayo, que permitió que se dejara afuera una tasación mucho menor a la cifra que reclamaba el abogado Santiago Graffigna, el principal involucrado en el escándalo de las expropiaciones. Una pericia similar se le había practicado a Macchi, la cual determinó que lo estampado en esa irregular modificación no correspondía a su trazo escritural.

En el caso de que lo solicitado se lleve a cabo y se descubra quién ejecutó la maniobra, se abre la puerta para que el autor sea citado a declarar como testigo para que responda por qué lo hizo y de quién recibió la orden. Si bien todo está dentro del proceso que definirá la destitución o la continuidad de Macchi en su cargo, las medidas tendrán un impacto directo en la megacausa penal, en la que hay 11 procesados, 10 de ellos señalados como integrantes de una asociación ilícita que se dedicó a inflar los valores de los terrenos expropiados por el Estado, con el objetivo de que se desembolsaran sumas millonarias. Fuentes ligadas a la investigación penal que lleva adelante la jueza María Inés Rosselot aseguraron que se trata de una prueba que refuerza la teoría de la connivencia. Es que la pericia confirmó que se corrigió la fecha, lo que terminó favoreciendo a Graffigna en su reclamo millonario. Por eso, se espera que sea incorporada y si además, con las medidas solicitadas surgen nuevos implicados, se sumarán aún más elementos al caso.

Todo tiene su origen en el juicio de expropiación por una fracción del Parque de Mayo, en el que Macchi dispuso que la provincia pagara 1.500 millones de pesos. En el expediente, a fojas 339 está una providencia, firmada por el juez Roberto Pagés, que reemplazaba temporalmente a su colega, en la que se suspende el plazo de presentación de la valuación del inmueble por parte del Tribunal de Tasaciones. Pero la foja tiene una parte enmendada con corrector, sobre la que está estampada la fecha 2 de junio a mano. Para Mallea y el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, ahí se cambió otra fecha, la del 31 de mayo. Esa sospecha quedó confirmada por la pericia realizada por un profesional de Gendarmería. Los acusadores sostienen que se modificó para estirar los días para que un recurso que había presentado Graffigna quedara dentro de los plazos legales. El planteo del abogado apuntó a que el mismo Juzgado diera marcha atrás en su decisión y se tuviera en cuenta una providencia anterior de Macchi, que denegaba la suspensión de términos para el órgano tasador. El magistrado le hizo lugar al pedido y el Tribunal no pudo presentar su informe, en el que había valuado al terreno en casi 5,5 millones de pesos, una cifra mucho menor a la que presentó el perito de Graffigna, que fue de cerca de 15 millones. Con esa última cifra se computaron los intereses desde 1923, lo que arrojó, más los honorarios, 1.500 millones de pesos.

La pericia caligráfica sobre la providencia estableció que la corrección no fue hecha por Macchi. Por eso, Mallea solicitó ese tipo de prueba para todos los funcionarios judiciales y empleados que cumplieron tareas al momento en que se llevaron a cabo las actuaciones, en 2006.