En medio de las quejas de trabajadores de distintas actividades por los beneficios que brindan las cajas de jubilaciones, un abogado, Gabriel Sanz, pidió la intervención del Defensor del Pueblo para que le reclame a la Caja de Previsión para los Profesionales de las Ciencias Jurídicas que mejore los haberes previsionales que paga y que dé cobertura asistencial a los afiliados. De no responder el organismo al requerimiento, el letrado solicita que el Poder Ejecutivo lo intervenga.
La presentación del letrado se suma a la serie de planteos que vienen formulando los afiliados a las cajas previsionales por los altos aportes jubilatorios que deben pagar mensualmente y los bajos beneficios que perciben y que, para colmo de males, no tienen obra social. Incluso integrantes de la Agrupación de Abogados Independientes trabajan en un anteproyecto de ley que quieren presentar esta semana en la Legislatura que propone la liquidación de la Caja y que pasen a formar parte del sistema estatal.
La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es Julio César Orihuela, fue creada por la Ley 5765 “para la defensa de los derechos de incidencia colectiva o intereses difusos”. El organismo todavía no se expide sobre este caso en particular, pero hay un antecedente en el que sí tuvo actuación, aunque no logró el resultado esperado. Fue en el 2007, cuando la Caja de Previsión fue instada judicialmente al cumplimiento de sus obligaciones mediante una sentencia de septiembre de ese año que tramitó en el Primer Juzgado Civil. Fue por un planteo del padre de Sanz, Manuel Sanz, quien presentó un recurso de amparo en reclamo por la falta de cobertura asistencial. La Defensoría exhortó a la institución a prestar el servicio, pero a nueve años de aquel dictamen, los pasivos “siguen sin ese beneficio”, según sostiene el letrado.
El abogado basa su reclamo en que “a la morosidad en la prestación médico asistencial, debe agregársele la falta de cumplimiento en el pago de un haber jubilatorio digno”.
Fuentes del sector dieron a conocer que un letrado debe pagar entre 900 y 1.200 pesos de cuota mensual para obtener una jubilación que oscila entre los 1.300 y 2.900, sin obra social, cuando el sistema público está otorgando un beneficio mínimo de 4.959 pesos, con cobertura social, aumentos anuales programados y sin que la Anses salga a ejecutar a los afiliados morosos.
Si la Caja Previsional no cumple con la exhortación que Sanz hace a través del Defensor del Pueblo, su intención es que el Poder Ejecutivo provincial proceda a intervenir la institución para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.