El funcionario judicial Juan Pablo Ortega, en la mira por integrar una asociación ilícita para armar causas y, en esa línea, incurrir en delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegítimo de la profesión de abogado, quedó ayer en libertad por orden del juez de Garantías, Matías Parrón. El beneficio para Ortega, quien negó la acusación, fue en contra de lo que solicitó el Ministerio Público Fiscal que, en las palabras de Francisco Micheltorena, había apuntado a que continuara tras las rejas por el plazo de seis meses, mientras se lleva adelante la investigación en su contra, la que quedó establecida por el plazo de un año. De hecho, Fiscalía hizo saber ayer su descontento y apeló la medida judicial en busca de que el funcionario sea trasladado al Penal de Chimbas por el tiempo solicitado. Ahora, quien deberá resolver el pedido será un juez miembro del Tribunal de Impugnación y dicha medida será resuelta en al menos una semana, según indicaron las fuentes. Mientras, Ortega permanecerá en libertad.
La presunta participación delictiva de quien fuera el coordinador de la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio quedó expuesta ayer en la audiencia de formalización. En el escándalo están involucradas dos funcionarias judiciales más: Belén Rodríguez, esposa de Ortega, y Claudia Elizondo, subjefa y jefa, respectivamente, de la Unidad Conclusiva de Causas. También está implicada la abogada Sandra Cozzi, a quien el secretario Relator de la Corte le habría elaborado escritos y presentaciones judiciales para perjudicar a una persona en un caso de delito sexual contra una menor (ver Causa contra… ), quien luego los denunció por armado de causa y ayer se presentó como parte querellante, bajo la representación de la abogada Sandra Leveque.
Frente al juez y sin rebatir con elementos las pruebas presentadas por la Fiscalía, los cuatro imputados negaron los delitos por los que son investigados. Incluso se mostraron sorprendidos por las fuertes acusaciones efectuadas del MPF, entre las que se encuentra ser parte de una asociación ilícita. El primero que se defendió fue Ortega, quien apuntó contra la Fiscalía y también contra quien los denunció. Para los primeros, indirectamente, dijo que "desde que comenzó la investigación se me viene mancillando con la única finalidad de destruir mi imagen" y habló de una "persecución en mi contra". Mientras que para el denunciante, dijo que "Aguilar obtuvo cierta información de una precisión inusitada", que "es imposible que pudiera tener", por lo que "cuenta con la complicidad de alguien", y fue más allá al indicar que se trataría de "una o dos personas". Así, dijo que, quien lo denunció, "obtuvo información para él armar esta causa", lo que le llamó la atención que no haya sido investigado por Fiscalía. En la misma medida se expresó Rodríguez, su esposa, al indicar que "Aguilar hace referencia a movimientos propios y exclusivos del funcionamiento interno de la Unidad Conclusiva de Causas" y "también al funcionamiento del Lex Doctor (sistema informático utilizado para el manejo de la gestión integral expedientes), al que sólo pueden acceder los empleados del Poder Judicial". Además, dijo que "lamentablemente, las tres personas que estamos acá, lo estamos porque, de una u otra manera, conocemos a Juan Pablo Ortega". A su vez, Elizondo dijo "todo esto que se está diciendo es falso" y le sorprendió cómo "de forma puntillosa Aguilar ha contado exactamente las cosas" que suceden dentro de la unidad conclusiva cuando "nunca ha ingresado".
PEDIDO
Micheltorena, junto al fiscal Adrián Riveros, solicitó que Ortega continúe detenido por entender que el funcionario cuenta con un grado de poder importante en la Justicia. Además, porque puede obstaculizar la investigación y la recolección de pruebas.
DEFENSAS Y QUERELLA
La defensa de Ortega y Rodríguez estuvo en manos del abogado Nasser Uzair, mientras que Elizondo estuvo representada por Fernando Bonomo y Sandra Cozzi por Carlos Torres. La querella estuvo representada por la abogada Sandra Leveque.
- Causa contra Aguilar
Uno de los expedientes en el que, según Fiscalía, existió tráfico de influencias fue el que se originó el 20 de enero de 2021, cuando una mujer denunció a su expareja por el supuesto abuso sexual de la hija de ambos. Según consta en el expediente, la denunciante se pudo contactar con Ortega debido a que familiares de ambos tienen lazos de amistad. Fue así que el funcionario judicial le recomendó a su abogada amiga Cozzi para que tramitara el expediente. Pero no quedó en una simple sugerencia, ya que de la investigación se desprende que Ortega se habría encargado de la confección de escritos que la profesional recibía vía mail y firmaba y presentaba en la Unidad Conclusiva de Causas. En dicha área, el funcionario judicial tenía los contactos de su esposa y su amiga Elizondo para digitar el expediente. Según la fiscalía, Ortega trabajó "como un juez en las sombras", ya que "diseñó completamente la estrategia jurídica a seguir, qué abogada debía intervenir, la psicóloga a contratar, como así también los institutos jurídicos a los cuales acudir, teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encontraba la causa". Existen otros dos expedientes en la mira, uno del 2019, en el que se investigó un delito contra la integridad sexual de una persona, y otro delito contra la propiedad denunciado en 2020 en el que la víctima fue Claudia Elizondo. No se descarta que existan otros.