Un día después de que un tribunal ordenara liberar bajo fianza por pasar más de tres años preso sin fallo al ex comisario inspector Alejandro Agustín Pereyra, único sospechoso del resonante ataque a tiros y con fuego contra el empresario Hugo Naranjo, el jefe de los fiscales y representante de los derechos de la sociedad en la Justicia, Eduardo Quattropani, salió con los tapones de punta contra los jueces del caso.
"Hay que decirlo claramente, todo lo bueno que se ha hecho y que se intenta hacer, se tira por la borda cuando pasan cosas como éstas. Creo, la verdad, que todos estamos avergonzados. La situación planteada más allá de las explicaciones técnicas o procesales (por la demora del expediente) deben avergonzar a los miembros del Poder Judicial y llamar profundamente a la reflexión a los magistrados. La causa es de suficiente trascendencia y repercusión pública para que hubieran extremado los recursos para darle una respuesta oportuna a la sociedad", disparó ayer el Fiscal General de la Corte de Justicia.
Y agregó: "Los jueces no pueden ser fugitivos de la realidad, no pueden vivir encerrados en la realidad de sus despachos, no pueden seguir siendo insensibles al reclamo de una sociedad que necesita aunque más no sea un motivo para confiar en la justicia".
Las duras críticas de Quattropani no cayeron bien en el ámbito de la magistratura local, y uno de los ministros de la Corte, Adolfo Caballero, le respondió por elevación: "Si alguien conoce al responsable de las demoras que haga la imputación concreta, sea quien sea…", dijo ayer Caballero (Ver "Hay que hacer….).
Pereyra había sido detenido el 28 de mayo de 2006. Fue horas después de que Hugo Naranjo se arrastrara por un pasillo desde sus oficinas a calle, en Mitre 169 Este, y todo ensangrentado les dijera a las primeras personas que vio, que había sido el ex comisario inspector Alejandro Pereyra quien lo había atacado.
Según Naranjo, ese día Pereyra llegó con la excusa de que le diera una mano con un trámite y le pidió pasar al baño, pero cuando se puso detrás suyo le dio cuatro tiros en la nuca y otro más de frente en el rostro luego de un forcejeo. El mismo Naranjo declararía en la justicia, luego, que antes de irse Pereyra le dijo que iba a matarlo, mandado y pagado por quien lo contrataba para tareas de seguridad en "Escobar Sacifi", el presidente de ese grupo empresario, Eduardo Fornasari.
Esa declaración llevó al juez Guillermo Adárvez a detener y procesar como presunto instigador a Fornasari, hasta que el caso llegó a la Corte de Justicia y entonces se resolvió que no había "pruebas directas" de la instigación y que Fornasari debía quedar libre. Fornasari pasó 401 días detenido y luego fue sobreseído por el juez Adárvez, es decir desligado para siempre del caso.
El 16 de marzo último, el expediente llegó a la Sala II de la Cámara Penal para realizar el juicio contra Pereyra. Y entonces la fiscal de Cámara Penal Alicia Esquivel propuso a Pereyra, a través de su defensor Diego García Carmona, que realice un juicio abreviado en el que debía aceptar una pena de 12 años por el delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía.
Pero la defensa de Pereyra no aceptó porque considera que su cliente es "inocente"; en todo caso se mostró dispuesto a conversar sobre la base de la figura de homicidio simple en grado de tentativa.
Sin acuerdo, Pereyra cumplió tres años con prisión preventiva el 28 de mayo pasado pero en la Sala II pidieron la opinión de la fiscal (quien se opuso) antes de resolver si lo liberaban. El miércoles ordenaron liberar a Pereyra previo a presentar uno o más fiadores con "suficiente solvencia moral y económica", para respaldarlo con 300.000 pesos en caso de que no cumpla con las exigencias del tribunal una vez en libertad. Ayer, según fuentes judiciales, la familia del ex comisario se contactó con el tribunal pero aún no presentó a los fiadores que responderían en caso de que Pereyra no cumpla, por ejemplo, dándose a la fuga.