El accidente escolar de 2015 en el que un joven perdió su mano izquierda en un trabajo práctico en la Escuela Agrotécnica de Jáchal comenzó a transitar su etapa final en la Justicia. Tras un proceso de mediación que no llegó a buen puerto, el damnificado demandó a la provincia por daño físico, moral y psicológico por poco más de 7.600.000 pesos. En el monto está incluido el costo de una prótesis especial para reemplazar el miembro que perdió tras el accidente. El juicio se está tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, y se está cerrando la etapa de prueba, por lo que habrá resolución durante 2020, dijeron fuentes calificadas.
La víctima que reclama la millonaria suma contra el Estado es Ignacio Tejada, que hoy tiene 21 años, pero que al momento del hecho tenía 17. Según explicó Pablo Alcala, abogado que representa al joven en la causa, la provincia no se mostró proclive a llegar a un acuerdo entre las partes en la etapa de mediación previa obligatoria, por lo que avanzó con la presentación de la demanda en la instancia estrictamente judicial. En su planteo, el profesional resaltó que "el Estado posee la obligación de responsabilidad por cualquier daño que sufra el menor dentro de su escuela".
De acuerdo a lo que se detalla en el expediente, el siniestro ocurrió cuando el joven se encontraba cursando sus estudios secundarios en la escuela técnica del departamento del Norte. En febrero, y junto a sus compañeros, se trasladó al establecimiento educativo para realizar las prácticas correspondientes a la materia "Preparación de Productos para el Consumo". La tarea encargada era preparar salsa de tomate concentrado. Según la causa, con los menores estaban tres docentes: Carlos Ostinelli, Andrés Molina y el jefe del Sector Profesores, Jorge Codorniu. A Ignacio le tocó la tarea de colocar los tomates en la máquina trituradora y, de acuerdo a la demanda, la misma estaba "constituida por una estructura que posee una tolva de acceso para el ingreso de los vegetales y, en su interior, un espiral con filo que realiza la molienda". El joven tomó los tomates con su mano izquierda y los ingresó a la máquina mientras que con su mano derecha tenía un palo para presionar las unidades dentro del equipo. Según el relato, el damnificado metió su mano al equipo y, en ese momento, quedó atrapada por la trituradora. Un punto en el que hizo foco el demandante es que "la máquina poseía un estado precario, carente de corte de seguridad de suministro eléctrico", por lo que un compañero de Tejada tuvo que tomar un palo y darle un golpe al tomacorriente para cortar la electricidad. Desde ese momento, lo que vivió el menor fue un calvario, al punto que tuvo que ser trasladado con parte de la máquina al hospital. Los médicos lo atendieron, pero no pudieron evitar que perdiera su mano (Ver aparte).
Las escuelas cuentan con un seguro. En 2015, era aportado por el IAPSER
Por el episodio, Tejada reclama la correspondiente indemnización por el daño físico y psicológico que el accidente le ha ocasionado. Así, el representante legal le requirió a la jueza Tettamanti que haga lugar al reclamo y estipuló los montos en 400 mil pesos por daño moral, 3 mil pesos por los gastos de traslado ocurridos a raíz del hecho y que el Estado haga frente a 1.844.000 pesos que tiene de costo la prótesis especial que debe proveer una ortopedia especializada ubicada en Buenos Aires, una de las mejores del país. Además, reclama 5.391.566 pesos por la incapacidad sobreviviente del menor al no poder contar con su mano. Los valores datan de 2017, por lo que si la jueza le hace lugar al reclamo, deberán ser actualizados.
Caos por un accidente escolar
El siniestro ocurrió a las 9.10 y tras 50 minutos de incertidumbre, en el que Ignacio Tejada estaba desvanecido por el dolor, el médico a cargo del servicio de emergencia determinó que no podía extraer la extremidad izquierda del joven de la máquina trituradora de tomate. En ese instante se decidió desplegar un operativo pocas veces visto en el departamento, en el que participó el personal médico, Bomberos y la Policía.
Es que, al no poder extraer la mano, Bomberos tuvo que cortar el equipo con una amoladora y trasladar al joven al Hospital San Roque, junto con el resto del aparato. El riesgo era que si los profesionales intentaban sacar la mano de la molienda en la escuela, el joven podía tener una pérdida súbita de sangre o un paro cardiorrespiratorio.
Por eso, dicho procedimiento se efectuó dentro del centro de salud. En ese lugar, bomberos fraccionaron el resto del aparato y tras una nueva evaluación, los médicos tomaron la decisión de amputar la mano a la altura de la muñeca.
Por el hecho se abrió una investigación penal en el juzgado de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en Jáchal, en su momento, a cargo de Pablo Oritja.