Desde la Asociación de Abogados Penalistas (Asap) decidieron que todos sus socios se abroquelen y actúen de la misma manera ante decisiones judiciales que consideran irregulares. Así, la bajada de línea es que los defensores privados presenten planteos de inconstitucionalidad y nulidades cuando las imputaciones de un delito las realicen los ayudantes fiscales, ya que son los fiscales los que constitucionalmente están habilitados para hacerlo. Ese fue uno de los ejemplos que brindó el presidente de la entidad, Fernando Castro, quien agregó que otro caso que se viene dando frecuentemente es la detención de un acusado en libertad cuando recibe una condena en primera instancia, cuando tiene la posibilidad de seguir excarcelado hasta que se agoten las instancias de apelación y la sentencia quede firme. Ante ese caso, la recomendación es tener listos planteos de habeas corpus, explicó el profesional.
La movida de Asap se dio en la asamblea que se llevó a cabo el viernes, la cual apunta a aspectos del funcionamiento del sistema acusatorio, el mecanismo de persecución criminal en el que investigan los fiscales y lleva apenas 14 meses de vigencia. "Apuntamos a correcciones del sistema", destacó Castro, quien preside la asociación que nuclea a los penalistas, los que no encontraron eco en otras entidades, como el Foro de Abogados, ante la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. La entidad agrupa a unos 60 profesionales, expresó el presidente.
En los dos ejemplos mencionados, Castro indicó que el objetivo es mantener los rechazos y llegar a la Corte de Justicia para zanjar las diferencias. Es que, ante el planteo de inconstitucionalidad de una imputación en la audiencia de formalización de la acusación hecha por un ayudante fiscal, el titular de Asap dijo que han tenido respuestas dispares de los jueces de Garantías.
Por su parte, el vocal primero de la asociación, Nasser Uzair, reclamó un protocolo para el desarrollo de la pericia psicológica en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Anivi y pidió que los jueces de Garantías estén presentes en las entrevistas videograbadas a las víctimas. "Ha habido casos en los que una perito oficial está haciendo una entrevista y les pregunta a los fiscales si hay que hacer más preguntas o si está bien lo que ha preguntado, o los fiscales la están llamando. No es seguir un protocolo serio. Es para garantizar la imparcialidad", resaltó Uzair.
Por otro lado, Castro cuestionó los juicios abreviados por accidentes de tránsito a las 72 horas, "cuando ni siquiera se han ocupado los plazos necesarios para preparar la investigación. La actitud es negarse a los juicios abreviados rápidos". Ese mecanismo consiste en que el imputado acepta su responsabilidad y una pena acordada entre su defensor y el fiscal, a cambio de una rebaja en la condena, dado que se acorta el proceso judicial. "El imputado debe ser informado de todas las alternativas por el abogado. Así, podemos excluir cualquier tipo de presión psicológica, como amenazas de penas abultadas". Ante la consulta de si los fiscales incurren en esa situación, respondió que "no lo sé, pero es para evitarlo".