Los representantes legales de la empresa minera Los Pelambres hicieron una presentación ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo en la que le solicitaron frenar la causa penal contra directivos de la firma chilena, hasta tanto se finalice con el retiro de la escombrera Cerro Amarillo, depositada en Calingasta. Fuentes calificadas confirmaron que el planteo se realizó la semana pasada y que, previo a resolver, el magistrado le corrió traslado a la querella, representada por Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, y al fiscal federal Francisco Maldonado, quienes deberán emitir sus opiniones. De tener el OK, la causa por contaminación podría quedar paralizada hasta mediados del 2022, plazo en el que la empresa tiene previsto finalizar con el retiro de los residuos. Tras esa instancia, y según las fuentes, es un hecho que la compañía solicitará la extinción de la acción penal, ya que el daño producido fue remediado, si es que culmina la extracción. Así, el objetivo final es desligar a los directivos de responsabilidades penales.
El retiro de la escombrera Cerro Amarillo comenzó en diciembre de 2017, con un plazo de ejecución de cinco años y medio para concluir las tareas, más un año de prórroga por cualquier situación de emergencia, según había dispuesto el magistrado federal. Por la pandemia, las tareas sufrieron demoras y actualmente tiene un avance cercano al 60 por ciento, pero desde la empresa apuntan a que cumplirán con la meta fijada por el juez.
Entre los empresarios de la compañía que fueron imputados, y que ya fueron indagados, se encuentran Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls y Francisco Veloso. Los tres primeros pertenecen a la firma Los Pelambres, mientras que el cuarto a Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina.
También quedaron en la mira cuatro directivos de la empresa Pachón SA por no hacer nada para evitar que la minera chilena armara una montaña de escombros en el yacimiento que la empresa tiene bajo concesión en territorio sanjuanino.
Depósito
Según el expediente, la minera chilena Los Pelambres arrojó toneladas de escombros en Calingasta entre 2007 y 2012. La firma Glencore la demandó y denunció en 2014 y 2015.
Embestida
Tras una decisión del gobernador Uñac, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, pidió en la Justicia Federal el retiro de la escombrera y ampliar la causa contra directivos de Glencore.
Pata judicial
El fiscal federal Francisco Maldonado también pidió el retiro de la escombrera. El juez Leopoldo Rago Gallo ordenó la medida y Los Pelambres encaró la extracción.
Retiro
En diciembre de 2017, Los Pelambres comenzó con el retiro de los 40 millones de toneladas de escombros. Tiene un plazo de cinco años y medio, con una prórroga de un año.