En Fiscalía de Estado no quieren perder tiempo y el lunes presentarán un escrito en el que pedirán que sea elevado a juicio el escándalo de las expropiaciones, la megacausa en la que se sospecha que una red de jueces, abogados, peritos y funcionarios se quedaban con millonarias sumas al inflar los valores de los terrenos que el Estado expropiaba. El organismo que defiende el patrimonio provincial es querellante en el proceso y tras el planteo, será el fiscal Carlos Rodríguez el que, a su vez, deberá enviarle el requerimiento de elevación de la causa al debate al juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción.
La medida que impulsa Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, se producirá luego de que la Corte de Justicia rechazara los planteos de los defensores de Santiago Graffigna (el principal implicado), Horacio Alday y la exjueza Rosalba Marún, para llegar a la Corte Suprema de la Nación con el fin de que revisara la prescripción de algunos delitos.
Con la decisión del máximo tribunal local, los abogados de los imputados pueden ir en queja a la Corte Suprema para que esta acepte estudiar el planteo defensivo, lo que no impide que se siga adelante con los pasos del proceso, indicaron fuentes judiciales.
De esa manera, Fiscalía de Estado solicitará que se clausure la investigación sobre tres expedientes, en los que hay procesamientos confirmados de ocho personas: Graffigna, su exsocio Alday, los peritos Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga; Marún, el exjuez civil Carlos Macchi y quien fuera perito del Estado, Ana María Melvin. En ese marco, habrá un pedido para que el fiscal Rodríguez inicie el proceso de elevación a juicio. Hay un cuarto procesamiento, en el que están implicados el exfiscal de Estado, Mario Díaz, los exintegrantes del Tribunal de Tasaciones y un exempleado de Recursos Energéticos, pero que no está firme, ya que está en estudio en la Cámara de Apelaciones.
La megacausa estalló en 2010, con la denuncia que se realizó en la gestión pasada y que encabezó el exfiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. Así salieron a la luz causas de expropiaciones que se tramitaban en juzgados civiles en los que aparecía el presunto entramado de vínculos para sacarle millones al Estado.
SANTIAGO GRAFFIGNA
Abogado
Está procesado como el presunto organizador de una asociación ilícita. Además, está en la mira por fraude. El abogado estuvo detenido en el Penal de Chimbas, pero quedó en libertad luego de que pasaran tres años sin recibir una sentencia. Aparece implicado en los hechos de tres procesamientos.