El presidente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández, quien a su vez trabaja para ser candidato a intendente de la Capital, presentó ayer una acción declarativa de certeza para que la Justicia se exprese "sobre la posibilidad de que el actual gobernador Sergio Uñac, pueda presentarse en los comicios a realizarse en 2023". El partido que integra Juntos por el Cambio (JxC) realizó la acción en soledad y sin el apoyo del resto de las fuerzas que son parte de la principal fuerza opositora de la provincia. Según explicó el propio Fernández, y también desde la oposición, todo JxC está de acuerdo con que el mandatario no puede presentarse el año que viene como candidato a gobernador, pero existían diferencias sobre cuál era el mejor momento y mecanismo para pedirle a la Justicia que defina la situación. La postura no es menor, ya que, si bien Uñac ha expresado que tiene intenciones y que está habilitado para hacerlo, hoy no es candidato porque su presentación no está formalizada. Es que ni siquiera existe un cronograma electoral que defina plazos para la presentación de listas. La acción de Fernández fue cuestionada políticamente por el ministro de Gobierno Alberto Hensel, quien dijo que "parece que en la oposición tienen miedo y por eso recurren a este tipo de recursos. Llama la atención que elijan este camino y no el camino de las urnas".
Según Fernández, la necesidad de tener claridad sobre el escenario electoral y el futuro del Gobernador, radica en que las distintas declaraciones que ha expresado el mandatario indican que sí se presentará a un tercer mandato. Sobre las diferencias con el resto de los miembros de JxC, el también presidente de Dignidad Ciudadana confirmó que "hay algunos que indican que esto puede no llegar a tener tratamiento y que la acción que verdaderamente sirve es la impugnación, una vez que la candidatura sea presentada. Es una diferencia de procedimiento y de forma, pero con un total convencimiento del fondo".
Sobre ese punto, fuentes judiciales opinaron que el planteo de Fernández, presentado en el Fuero Civil, terminará cayendo en saco roto, ya que ningún magistrado de ese fuero tiene la facultad para dar respuesta a la acción declarativa en temas electorales, ya que el único órgano habilitado para resolver esos planteos es el Tribunal Electoral provincial.